En un interesante editorial, este vespertino el día de ayer reflexiona sobre el acoso a la Reforma Fiscal, mientras que de igual manera, en la misma edición de este periódico, se recogen distintos comentarios y declaraciones vertidas por el Presidente de la República y el Presidente del CACIF, quienes discrepan sobre la incongruencia o no de mantener la negociación en la denominada Mesa Técnica mientras se presentan constantes impugnaciones, por parte del sector privado, a las leyes fiscales que recientemente entraron en vigencia.

Sin duda la apreciación del editorialista, en cuanto describir la escasa cultura tributaria de nuestro país, así como también el enorme desbalance entre el sector formal y el informal de nuestra economía, aparte de ser totalmente cierta,  sirve de marco para legitimar las preocupaciones y acciones que pueda tomar el sector que sí contribuye al sostenimiento del Estado a través del pago de sus impuestos. La denominada Mesa Técnica es un instrumento necesario para ventilar las discrepancias, corregir los errores y limitar el daño que a nuestra economía puedan originar las leyes  tributarias y sería el canal de comunicación perfecto para una negociación, ajena a impugnaciones, si y solo si, no estuvieran aprobadas y en vigencia las leyes que se discuten en dicho foro. La misma vigencia de las leyes que se negocian, dan pie a la legitimación del sector privado a impugnarlas, aun y cuando mantengan abiertas paralelamente líneas de negociación con el Estado y en consecuencia las declaraciones del Presidente de la República no pueden menos que causar extrañeza cuando se entiende que no hay negociación posible si una de las partes tiene un statu quo que le conviene y que además lesiona los intereses de la otra parte.

A mi juicio, la gran discrepancia e inconsistencia que se origina en torno a la reforma tributaria y las leyes mediante las cuales pretende ser implementada, radica en la constante pretensión del Estado de enfocar sus controles y sumar impuestos a quienes forman parte de la escasa economía formal de nuestro país, dejando de lado la oportunidad de sumar esfuerzos en conjunto con  los sectores organizados para que se trate de incorporar a los informales al pago de las obligaciones tributarias, ampliando en consecuencia la base de tributación en función de que más personas tributen, en lugar de que los mismos que ya tributan paguen más.

La mala utilización de los recursos del Estado, como bien señala también el editorialista, sin duda es una bandera que puede esgrimir cualquiera que se vea obligado a pagar impuestos, pero el contrabando, la defraudación  y la inexistencia de políticas formales del Estado para combatirlos crean una verdadera frustración en cualquier persona que quiera competir con todas las de ley en este país, simplemente es más barato ser un contrabandista.

El sector privado organizado está legitimado, como cualquier otro sector o ciudadano para estar sentado en una mesa de negociaciones y paralelamente impugnar aquello que ya siendo ley sea objeto de la negociación, eso es un derecho constitucional que no puede limitarse y que los miembros del Gobierno harían bien en no cuestionar.