Andrés Castillo, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) sostiene que el ministro de Finanzas Pavel Centeno cayó en irresponsabilidad cuando impulsó leyes sin un consenso preestablecido.

Si bien el CACIF conformó el año pasado una mesa técnica conjunta con el Gobierno, según Castillo las recomendaciones del sector privado no fueron incluidas, prueba de esto es que el sector privado se ha decidido por tomar las acciones de plantear a la Corte de Constitucionalidad las impugnaciones a 77 artículos del nuevo paquete tributario.

“Obviamente, cuando comenzó el paquete tributario, las diferentes cámaras manifestaron su rechazo a varias de las leyes aprobadas, algunas coinciden con las que habíamos hecho ver desde un principio y otras más en general, porque a nuestro criterio van en contra de la Constitución”.

Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, sostiene que el sector privado tiene todo el derecho de impugnar, sin embargo, en base al análisis de las leyes no hay una razón de verdadera inconstitucionalidad.

“Hasta el momento la Corte de Constitucionalidad ha declarado cuatro artículos  suspendidos de forma provisional y uno de forma permanente. Los cuatro artículos se argumentan en varias cuestiones de forma y no de fondo; el artículo inconstitucional de forma permanente no pertenece al nuevo sistema de Impuesto sobre la Renta (ISR) sino que obedece al artículo 4 del anterior ISR que ya no tiene vigencia”.

El Gobierno expresó que los intentos del sector privado por impugnar las leyes aprobadas podrían ocasionar la pérdida de 500 millones de quetzales. Al respecto, Castillo opina que esa cifra “está basada en especulaciones y de todas maneras si es inconstitucional no hay razón para mantenerla”.

“Nosotros no impugnamos por impugnar, antes de tomar esas medidas hablamos con el Presidente y por eso se abrió de nuevo otra mesa técnica, esta lleva su dinámica y esa mesa no está siendo afectada por las impugnaciones desde nuestro punto de vista”.

En este momento el Gobierno realiza esfuerzos por conciliar acuerdos con el sector privado en lo que sería la segunda mesa técnica. La vicepresidenta Roxana Baldetti anunció la semana pasada que ya se tenían acordados entre los dos sectores los cambios que se pueden proponer por la vía del Congreso.

Luego, el presidente Otto Pérez Molina rectificó las declaraciones de Baldetti, “no hemos logrado acuerdos con el sector privado, sí estamos participando en una mesa técnica conjunta; sin embargo, ellos están realizando impugnaciones a las leyes por su cuenta”.

Sobre este aspecto, Barrientos comenta que las impugnaciones “han sido llevadas a la CC por parte de los mismos abogados que participan en la mesa técnica, lo que es un mensaje contradictorio porque no hay una correspondencia entre lo que se dice en la mesa y luego lo que se impugna en la corte”.

Por su parte, Carolina Castellanos, representante del grupo Amcham, afirmó que las medidas que entraron en vigencia afectan sobre todo al pequeño contribuyente, ya que dejan las facturas que ellos emiten sin derecho a ser utilizadas por las empresas al finalizar el año. “Esto desembocó en un debilitamiento de los incentivos que le pueden dar las empresas a sus trabajadores porque ahora tienen que pagar impuestos y no les sirven sus facturas”.