La muerte ayer de un motorista en la zona nueve, carbonizado luego de que su vehículo ardió en llamas al recibir varios disparos en lo que da toda la sensación de haber sido el acto de algún vengador callejero, provoca sentimientos encontrados en nuestra opinión pública, porque mucha gente, más de lo que uno pudiera imaginar, aplaude la forma en que se produjeron los hechos, mientras que otros, en franca minoría, critican no sólo la reacción de las posibles víctimas o testigos de un robo, sino el comportamiento de quienes en las redes sociales se congratularon de que alguien hiciera algo contra esos ladrones motorizados que aterrorizan a los automovilistas en casi todas las zonas de la ciudad.

Yo creo que el problema de fondo está en la manifiesta incapacidad de las autoridades para contener la ola de robos de celulares y la indiferencia del Congreso y de las compañías telefónicas para adoptar medidas legales que imposibiliten activar los aparatos robados. La impunidad con que actúan estos ladrones es impresionante y hay evidencias de que hasta tienen ya establecidos no sólo los sectores en los que actúan, sino también sus horarios particulares para circular entre el tráfico denso en busca de las víctimas del asalto a mano armada que deja secuelas terribles y traumas muy marcados no sólo en las víctimas, sino en toda la gente que se da cuenta de la inseguridad absoluta en que nos mantienen esos ladrones.
 
 No son pocos los casos en los que el automovilista ha perdido la vida, sea porque mostró alguna resistencia o simplemente porque se tardó más de lo que el ladrón podía tolerar para hacer entrega del celular o algún otro objeto de valor. El motorista de ayer llevaba una pistola que quedó junto a su cadáver y por supuesto que todos los indicios apuntan a que era de los que en ese sector de la zona nueve cometen tropelías todos los días hábiles del año porque, curiosamente, todo indica que esos delincuentes trabajan únicamente en jornada de semana inglesa, observando el descanso de los fines de semana.
 
 Indudablemente que una sociedad que actúa de manera que supone tomar la justicia por propia mano se termina prostituyendo profundamente, pero no puede dejar de entenderse el nivel de frustración que provoca esa indiferencia de quienes tienen los medios para contrarrestar el fenómeno masivo del robo de los celulares.
 
 De acuerdo a la nueva doctrina constitucional que ha estrenado la Corte de Constitucionalidad, debieran de ordenar a los diputados que en vez de perder el tiempo en interpelaciones o de ordenarles que se pongan de acuerdo para que puedan cobrar tranquilamente sus dietas, se pongan a legislar para impedir que los celulares puedan ser flasheados y activados nuevamente por las telefónicas que así aumentan su número de usuarios. Y en el Ministerio Público las denuncias de robo de celulares debieran servir para algo más que para tramitar el pago del ridículo seguro con elevadísimo deducible. Las autoridades tendrían que realizar labores de inteligencia y contrainteligencia, como le gusta decir al Ministro de Gobernación, para perseguir a los ladrones, a los flasheadores y a los que venden objetos robados de manera pública y descarada. No haría falta un 007 para realizar ese trabajo que permita ir identificando a las pandillas, pero el problema es que no hacen absolutamente nada y por eso cuando habla el Ministro, en lo primero que uno piensa es en la patética figura de Colom hablando babosadas.
 
 Los linchamientos y el accionar de vengadores callejeros reflejan la descomposición social y el aplauso generalizado a esas acciones punitivas contra quien sea o parezca delincuente es consecuencia del cansancio, la frustración y el hartazgo de la gente honrada ante la impunidad con que actúan los malvivientes.