Funcionarios de los Poderes Ejecutivo y Judicial firmaron ayer en Guatemala la iniciativa “Nos Comprometemos”, que llama a líderes mundiales a que cumplan sus promesas y adopten un papel activo para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas; dos mujeres mueren diariamente en el país, mientras que una es golpeada o abusada cada 10 minutos por razones misóginas.

El proyecto “Nos Comprometemos” fue presentado por la Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, Michelle Bachelet, en el marco de conmemoración del Día de la No Violencia contra las Mujer, el 25 de noviembre del año pasado; el próximo 4 de marzo dará a conocer la lista de los líderes mundiales que se han suscrito, cuando inicie el 57º periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer.

Ana Guezmes, representante regional de ONU Mujeres para México y Centroamérica, expresó que la mayoría de países han adoptado leyes, políticas, planes regionales, entre otras iniciativas, para acabar con la violencia de género, pero de alguna manera los índices continúan y en algunos casos se elevan.

Es momento de que las y los líderes políticos se comprometan a revisar todas esas iniciativas para hacer efectivo el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, añadió Guezmes.

María Machicado, Representante en Guatemala de ONU Mujeres, indicó que las políticas estatales no funcionan por si solas, debe haber voluntad política de la sociedad guatemalteca para alcanzar las metas relacionadas con la reducción de la violencia contra la población femenina.

Zulma Suvillaga, titular de la Secretaría contra la Violencia Sexual y Trata de Personas (SVET), en representación del Poder Ejecutivo, suscribió al Estado guatemalteco a la iniciativa de ONU Mujeres “Nos Comprometemos”, la cual estará enmarcada en el Pacto Paz, Seguridad y Justicia, así como en el Gabinete de la Mujer.

Las proyecciones de los Poderes Ejecutivo y Judicial se centrarán en: la atención de la violencia sexual, la violencia contra las mujeres, la trata, la salud sexual y reproductiva, el acceso a la educación, la formación de funcionarios, la investigación criminal, la justicia especializada, la creación de sistemas estadísticos más confiables, la promoción de campañas y talleres para incentivar los cambios de comportamiento.

Los y las funcionarias que suscribieron la iniciativa lo hicieron en representación de: la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, el Organismo Judicial, la Defensoría de la Mujer Indígena, el Ministerio de la Defensa y la Secretaría Presidencial, entre otras.