Por muy usada que sea la frase “Guatemala es un país de contrastes”, al referirse especialmente a su clima, su geografía, su cultura y otros aspectos propios del territorio que habitamos, me veo obligado a repetirla; pero no para enfatizar en lo que atañe a esas facetas, sino es para referirme a las contradicciones en que incurren funcionarios de los tres organismos del Estado y de otras instituciones de la burocracia, entre sus declaraciones y sus actuaciones.
Probablemente usted se enteró de las afirmaciones vertidas la semana anterior por la vicepresidenta Roxana Baldetti en lo que concierne a que la omnipresente corrupción ocupa un lugar predominante en los poderes estatales; pero no hizo ningún descubrimiento ni lanzó una extraordinaria revelación; y aunque así hubiese sido, el Gobierno no ha realizado esfuerzos determinantes, visibles y categóricos para evitar que funcionarios de diferentes estratos y escalas persistan en violar impunemente las frágiles normas que pretenden evitar la comisión de hechos ilícitos al amparo de sus cargos.
Sin embargo, los que reaccionaron de inmediato por sentirse aludidos fueron magistrados y diputados sumamente molestos y hasta indignados, especialmente algunos honorables padres de la patria que no tuvieron ningún empacho de exigir a la señora Baldetti que señalara casos concretos, tal como lo han conminado en su oportunidad ministros de Estado y otros funcionarios gubernamentales, al igual que personeros del Organismo Judicial y jueces en general.
Naturalmente que no son todos los diputados los que incurren en conductas reñidas con elementales normas legales y morales, como tampoco la totalidad de jueces y magistrados violan las reglas que están más que obligados a cumplir; pero la mayoría de los guatemaltecos están conscientes que el hemiciclo parlamentario es un monumento a la corrupción porque allí se realizan cotidianamente negocios y transas en los que están embarcados no sólo congresistas, sino ministros de Estado y subalternos suyos, además de prósperos empresarios.
Tampoco es un misterio que en algunos tribunales de justicia se manipulan leyes y que no es necesario torcerles el brazo a oficiales y jueces y hasta magistrados para que emitan sentencias absolutorias, pese a las pruebas que demuestren lo contrario, aunque es correcto hacer la salvedad que no todos los encargados de administrar justicia están salpicados por la perversión, porque muchos de esos funcionarios y empleados judiciales son probos y ecuánimes.
Cae de su peso que no poseo pruebas que acompañen mis asertos respecto a casos de corrupción, puesto que si ni el Ministerio Público cuenta con esas evidencias, como para poder entablar demandas contra personas que desempeñan funciones en el aparato estatal y que han sido objeto de constantes señalamientos, menos un prejuicioso y resentido periodista, como este entrometido.
(El aldeano Romualdo Tishudo llega al Congreso para intentar abocarse con un parlamentario y le pregunta a un ujier:-Disculpá, ¿los diputados no trabajan por la tarde? -¡No!-replica- Por la tarde no vienen; cuando no trabajan es por la mañana).