El viceministro de la Defensa, Edwin Nájera, aseguró que la presencia de elementos del Ejército nacional en los retenes que realiza la Policía Nacional Civil (PNC), ya no contiene ninguna ilegalidad, dado que ellos sólo están de apoyo, según el acuerdo gubernativo de fuerzas combinadas, además que le da la potestad a éstos de poder intervenir en arrestos de emergencia.

Según declaraciones de diputados de las Bancadas Libertad Democrática Renovada  (Lider) y Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), este acuerdo gubernativo presenta inconstitucionalidades. Según Orlando Blanco, diputado de la UNE, los únicos que tienen derecho a realizar un arresto son los agentes de la PNC.

Nájera dijo que las acciones realizadas por las fuerzas combinadas han dado buenos resultados, pero éste no quiso dar datos concretos de las acciones positivas.

El viceministro afirmó desconocer las normativas que demuestren una ilegalidad en el acuerdo que establece las fuerzas combinadas.

Nájera asistió hoy al Congreso de la República para atender una citación por el diputado Amílcar Pop, de la bancada Winaq. El motivo de la reunión fue para aclarar sobre la devolución de las tierras a la familia Pac Velásquez, las cuales  fueron tomadas por el Ejército durante el conflicto armado en el año de 1970 en  el municipio de Santa Cruz del Quiché, para instalar la Base Militar Número Veinte.

Según Amílcar Méndez, defensor de derechos humanos de la Asociación Europea de los Derechos Humanos (AEDH), hay alrededor de 20 casos parecidos en el Quiché, de los cuales la mayoría se han quedado sin resolver.
La familia Pac pide la suma de veintiocho millones de quetzales por las tierras, las cuales equivalen a ocho manzanas, y aseguran no incluir en esta cantidad los costos de indemnización.

El viceministro dijo que desde el 2010 se han estado aclarando este tipo de casos, pero señaló que los que no se han resuelto aún o no se les ha dado el mayor seguimiento, son los que no cumplen con la documentación legal requerida.