Se ha anunciado con cierta expectativa y positivos anhelos la conformación de la Alianza por la Transparencia, abreviado “AporT”. En el entendido que las personas que dirigen a esas más de quince organizaciones, harán fiscalización ciudadana y aportes para enmendar el modelo normativo que posibilita el desarrollo de actos corruptos. Este movimiento ciudadano puede llegar a constituirse en el necesario contrapeso que coadyuve a limitar el uso discrecional del erario nacional y, asumo yo, paulatinamente del erario municipal de la totalidad de las administraciones de las 334 corporaciones.

Sin lugar a dudas nuestra sociedad ha cambiado, está cambiando y habrá de continuar en los rumbos por la generación de conglomerados de ciudadanos interesados en el devenir de lo público. Empero, la transparencia es una suma de actitudes. La transparencia debe ser apreciada y practicada más allá de lo mediático. Es decir, más allá de los anuncios sobre tal o cual campaña para reducir los índices de corrupción. Debe ser una actitud permanente de celoso desempeño y meticuloso manejo del erario. A todo corrupto le acompaña un corruptor o como mínimo un cómplice que está dispuesto a hacerse del favor de la gestión a cambio de una coima generalmente de tipo económico. Quienes fiscalizan lo público desde lo público, se ha demostrado hasta la saciedad, no necesariamente son ajenos a procesos viciados. Las auditorías internas no siempre han sido las voces de alerta para evitar incurrir en actos anómalos. Por ello es que la fiscalización desde el ámbito de una sociedad organizada para tal efecto es dable, deseable y alentadora de que pueden producirse importantes cambios sociales y políticos en un plazo relativamente corto.

En ese orden de ideas, además de las propuestas que puedan hacerse llegar para reformar las normas que rigen a importantes dependencias como la Contraloría General de Cuentas, el fortalecimiento institucional de la Fiscalía contra la Corrupción, los códigos de ética y otras, los promotores de “AporT”, podrían comenzar por hacer totalmente públicas y explícitas sus fuentes de financiamiento. La credibilidad conquistada por algunas de las organizaciones que conforman esta singular alianza se vería consolidada pues así adquirirían total solvencia pública y privada, para denunciar todo tipo de irregular manejo de la cosa pública. Esta publicidad respecto de las fuentes de financiamiento, es para evitar cualquier cortina que luego pueda ser utilizada para señalar o para desacreditar futuras denuncias. Además en una sociedad tan cooptada por poderes fácticos y sumisos cómplices de redes delincuenciales, la credibilidad pública se encuentra entre los límites de la apatía hasta llegar a la indiferencia activa. Eso hay que evitarlo, supongo.

Aún recuerdo las palabras de un dirigente político municipal al que en forma reiterada una organización que forma parte de la “AporT”, cuestionó en su momento el oscuro manejo de muchos millones de quetzales en fideicomisos, ripostándoles a su vez: “Y ustedes ya se preguntaron, ellos de dónde sacan tanto pisto”. Luego se produjo un curioso silencio de ambas partes. Los señalamientos quedaron en una auténtica llamarada de tusa y no pasó más allá de ocupar la atención momentánea de los medios impresos y algunas leves alusiones en los televisivos. Es decir en aquella ocasión la transparencia fue tan solo un alarde que se manejó en los medios de comunicación social. En lo puramente mediático. Si eso es lo que se avecina habrá tormentas, pero luego se volverá a la distorsión a la desviación de recursos y al finalizar el período habrá, como cada cuatro años, nuevos ricos a los que después la sociedad guatemalteca tolerará con indiferencia y en permisiva omisión.