Esta mañana el abogado Alejandro Balsells Conde, hijo de mi gran amigo Edgar Alfredo Balsell Tojo, escribió una interesante columna en la que afirma que “todo esfuerzo será vacío si usted no rechaza al corrupto y al ladrón”, punto en el que estamos totalmente de acuerdo porque la tolerancia de la sociedad no sólo permite sino que alienta la sinvergüenzada porque se reconoce como acierto el que se hagan negocios sangrando al erario y los largos, lejos de recibir siquiera una mala mirada, se pavonean en una sociedad a la que le importa mucho cuánto tiene el individuo y nada cómo lo obtuvo.

Dice Alejandro que “nuestro régimen permite la corrupción, porque la aguantamos. No es asunto del Patriota ni de la UNE ni de la Gana y etc. Nuestra sociedad aguanta al ladrón y no sería raro que hasta lo viera como alguien próspero”. Sin duda es cierto lo que dice este profesional del derecho, pero en este párrafo está el mayor error conceptual que no sólo comete él sino que mucha gente en nuestro país. Porque ciertamente no es asunto del Patriota, la UNE o la Gana y el resto de la sopa de letras de nuestro abecedario político, porque sin particulares que se convierten en cómplices de los políticos no habría los niveles de corrupción que tenemos.
 
 Enfocar las baterías contra la corrupción únicamente apuntando a los políticos es una tendencia generalizada que no deja de ser muy cómoda, sobre todo cuando se pide que no toleremos al ladrón. Al fin y al cabo entre los políticos abundan los que la gente de sociedad tilda de shumos y excluir a éstos o ser intolerante con ellos no cuesta mucho. En cambio, sus socios de las empresas que tienen negocios con el Estado y que se las llevan de campanillas, esos nunca son rechazados por nadie.
 
 Yo me pregunto quién es más pícaro, si el funcionario que durante cuatro años se embolsa comisiones por permitir que construyan obras sobrevaloradas y mal hechas, o el empresario que con todos los gobiernos hace lo mismo y que a políticos de todas las tendencias les mantienen sus gustos a cambio de que les permitan seguir haciendo micos y pericos con el erario. Me pregunto si es más largo el funcionario que en el IGSS autoriza la compra de medicinas más caras y se aprovecha de la corrupción durante un período de gobierno, o el empresario que viene haciendo lo mismo desde hace décadas y para quien lo mismo era pagarle a un pariente de Cerezo que a otro politiquero que navega con bandera de empresario.
 
 Ese doble rasero para juzgar a los ladrones es lo que constituye una hipocresía social inaceptable. Rechazar al corrupto y al ladrón requiere más faroles que los que hacen falta para escribir una columna, porque todos tenemos en nuestro entorno a “prósperos hombres de negocio” que se enriquecen haciendo negocios con el Estado. Empresarios de postín que no vacilan en enviar a sus mandatarios legales a fungir como viceministros financieros para que se encarguen descaradamente de velar por sus intereses como pasó en el gobierno de Colom en el caso del Ministerio de Comunicaciones.
 
 Yo estoy totalmente de acuerdo con la premisa de Alejandro y tenemos que ser intolerantes ante los corruptos, pero limitar esa calificación a los políticos es hipócrita porque nadie puede negar que sin particulares que dan mordida para incrementar sus privilegios y ganancias, los políticos no podrían hacer tanto pisto con la corrupción como el que hacen. Ya lo decía Sor Juana Inés de la Cruz en el Siglo XVII al afirmar que tan culpable es el que peca por la paga, como el que paga por pecar.
 
 No nos hagamos tarugos ante la corrupción, pero tampoco seamos hipócritas y selectivos.