La Corte de Constitucionalidad (CC) rechazó una acción interpuesta por la defensa de José Efraín Ríos Montt, en relación a la competencia de los juzgados para conocer el proceso contra el exjefe de Estado.
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En el recurso que fue interpuesto por la defensa de Ríos Montt, argumentaban que según la Ley de Reconciliación Nacional, el juzgado que actualmente conoce el caso, no tiene competencia para diligenciarlo.
Según la resolución del máximo tribunal, lo impugnado tiene que ser resuelto por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). En relación a esto, los defensores Francisco Palomo y César Calderón optaron por no emitir opinión, señalando que aún no han recibido la notificación oficial de la resolución.
No obstante, en el caso contra el general retirado, este no es el único recurso rechazado por el máximo tribunal constitucional, ni por la CSJ. En la audiencia previa a la apertura a juicio de Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez, los querellantes dieron a conocer que desde que los sindicados enfrentan proceso, han sido interpuestos 73 recursos que durante un año entramparon el caso.
Edgar Pérez, abogado de la Asociación Justicia y Reconciliación (AJR), señaló que dentro de las acciones figuraron incidentes, amparos, inconstitucionalidades, recusaciones, apelaciones, y otras impugnaciones, “con la única finalidad de entorpecer el proceso”, según indicó.
En dicha diligencia, Pérez informó que 54 de los mismos han sido declarados sin lugar, y que sin embargo, siguen planteándose impugnaciones idénticas.
PREVIO AL DEBATE
Este lunes el juez Miguel Ángel Gálvez resolvería qué evidencias fue las que aceptó para que sean diligenciadas en el debate oral y público contra Ríos Montt y Rodríguez Sánchez, generales retirados que fueron enviados a juicio por los delitos de genocidio y deberes contra la humanidad.
Ambos son acusados de ser los supuestos responsables, por medio de la cadena de mando, de la masacre ejecutada contra pobladores del área Ixil, donde murieron mil 771 indígenas, entre los años 1982 y 1983.
Para probar la presunta responsabilidad de los generales retirados, el Ministerio Público, el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) y AJR, dieron a conocer que en conjunto cuentan con más de mil pruebas.
Dentro de estas figuran el Plan de Operaciones Sofía, documentos de operaciones militares, declaración de testigos, sobrevivientes, informes antropológicos y forenses, entre otros.
La mayoría de documentos fueron objetados por la defensa, quienes argumentan que dudan de la autenticidad de estos, porque solo son fotocopias, telegramas y no tiene los sellos originales.
LA ACUSACIÓN
El MP también les atribuye 15 masacres en los municipios de Nebaj, Chajul y San Juan Cotzal, de Quiché.
Por otro lado, el MP dio a conocer que como consecuencia de las matanzas, del 24 de marzo al 21 de octubre de 1982, 29 mil personas fueron obligadas a desplazarse a las montañas.
Al momento del cierre de esta edición, la diligencia no había terminado, por lo que esperaba conocerse la resolución del juzgador.
En relación al proceso contra Héctor Mario López Fuentes, militar retirado, y acusado de los mismos delitos, su caso está detenido, ya que el juez ordenó que un médico forense lo evalúe para determinar su estado de salud.