Jueces y fiscales camboyanos e internacionales del tribunal para el Jmer Rojo comparecieron hoy ante la prensa. Aparecieron rígidamente sentados unos junto a otros para demostrar que, después de un tenaz acuerdo sobre el reglamento, por fin es posible iniciar el proceso.
Cientos de miles de víctimas del régimen del terror instituido por el Jmer Rojo esperan desde hace 30 años un ajuste de cuentas. Pero el tribunal, que acometió el trabajo el año pasado después de una disputa que duró años, hasta ahora sólo había funcionado a paso de tortuga.
Muchos observadores -incluso camboyanos- aseguran que el propio país se ocupó de poner piedras en el camino. «Esto es lo mejor que se podía lograr», opinó el fiscal alemán Jí¼rgen Assmann, asesor de la jefa de la acusación camboyana, Chea Leang.
La dimensión del exterminio de su propio pueblo llevado a cabo por la paranoia del Jmer Rojo resulta inconcebible. Entre 1975 y 1979, los esbirros de Pol Pot asesinaron a entre dos y tres millones de personas. El genocidio permaneció impune tanto tiempo como ningún otro.
Las razones son muchas: «Los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU prolongaron la Guerra Fría a expensas de la sociedad camboyana», indicó en un informe la Fundación Friedrich Ebert. Según la Fundación, los miembros del Consejo de Seguridad se negaron durante años a reconocer el gobierno del país colocado por Vietnam bajo el mando del disidente de Jmer Rojo Hun Sen, tras la expulsión del grupo en 1979.
Así, nadie reconoció el proceso impulsado por Hun Sen que condenó a muerte al ministro de Exteriores del Jmer Rojo, Ieng Sary. Hun Sun reprochó frecuentemente a la comunidad internacional haber torpedeado el intento camboyano de superar su historia.
Por otro lado, ni los Estados Unidos ni China tuvieron ningún interés en dejar que su propio papel en la historia de Camboya fuese esclarecido ante los ojos de la prensa mundial. Estados Unidos había bombardeado el país como zona de retirada del Vietcong. China, a su vez, constituyó el gran respaldo para el gobierno de Pol Pot.
Hun Sen atrajo a los últimos miembros del Khmer Rojo entre 1994 y 1998 con amnistías. Hoy, muchos de ellos ocupan altos cargos del gobierno. «Deberíamos cavar un hueco y enterrar el pasado», opinó Hun Sen en 1999. Pero la presión internacional creció. El tribunal que por fin logró unir a Naciones Unidas y al gobierno, está ceñido por límites estrechos: entre los acusados no figuran defensores o colaboradores internacionales ni líderes de alto rango.
De estos últimos tampoco quedan muchos. Pol Pot, el llamado «hermano número uno», murió en 1998 sin molestia alguna. Del mismo modo falleció el año pasado el jefe militar de la zona este, Ta Mok, apodado «el carnicero». El «hermano número dos», Nuon Chea, nacido en 1927, vive en la frontera con Tailandia. El coetáneo Ieng Sary, entonces ministro del Exterior, también está libre, al igual que el ex jefe de Estado Khieu Samphan. Sólo está en la cárcel el verdugo Kang Kek Leu, nacido en 1942, que dirigió el centro de tortura S21.
En la zona del tribunal, a unos 45 kilómetros de Phnom Penh, fueron construidas 12 celdas. La enviada de Naciones Unidas Michelle Lee sostiene, sin embargo, que serán acusadas un máximo de entre cinco y diez personas.
Las heridas dejadas por la arbitrariedad del regimen aún no cicatrizaron. Casi todos los camboyanos perdieron familiares. «Ni un solo camboyano sobrevivió al Jmer Rojo sin consecuencias psíquicas», dice Thun Saray, presidente del comité para derechos humanos ADHOC. «La gente no está en condiciones de diferenciar el bien y el mal. Los miembros del Jmer Rojo disfrutan de la impunidad en todas las capas sociales y forman parte del circo del poder».