No es la primera vez que opino sobre la pretensión que el diferendo territorial existente entre Guatemala y Belice se resuelva mediante el procedimiento de consulta popular y que señale que la pregunta planteada a consultar es inconstitucional porque permite que la Corte Internacional de Justicia resuelva y nosotros aceptemos a priori una sentencia que no se conoce su contenido lo que viola el artículo 19, disposiciones transitorias de la Constitución que claramente dice “Todo acuerdo definitivo debe ser sometido por el Congreso de la República al procedimiento de consulta popular previsto en el artículo 73 de la Constitución”.

Entregarle al Tribunal Supremo Electoral Q260 millones para compras y gastos de dicha consulta a realizarse el 6 de octubre del presente año sería ilegal y torpe, esa millonaria cantidad no está prevista en el presupuesto aprobado por el Congreso y tal como lo indicó en Davos, Suiza, el presidente Otto Pérez Molina, no es conveniente utilizar Q260 millones de nuestros impuestos para efectuar esa inconstitucional consulta que se tendría que hacer simultáneamente con Belice y que ellos establecieron en 2008 que para ser válida debe contar con la asistencia del 60% de los ciudadanos inscritos para votar, hecho que, si hablamos de igualdad, requeriría que también a esa improcedente consulta en Guatemala asistiera el 60% como mínimo de ciudadanos y la mitad más uno diga sí en cada país.

Vuelvo a señalar que esos Q260 millones serían sólo el primer gasto, habría que agregarle otros Q100 millones para pagar honorarios de quienes nos representen en la Corte Internacional de Justicia y por supuesto debe de agregarse Q30 a Q40 millones para los “gastitos” que internamente haría la Cancillería en pasajes, viáticos y disque honorarios a los expertos nacionales, incluidos o no en la Comisión de Belice, todo para pretender lograr que se apruebe consultar esa inconstitucional pregunta que al no ser el contenido de la misma un “acuerdo definitivo” viola la Constitución vigente.

Por el contrario, existe otro tipo de soluciones históricas para resolver el diferendo territorial y marítimo; una de ellas, que sin duda alguna la cúpula empresarial de Guatemala y los empresarios en general comprenden es que en lugar de gastar ese dinero estérilmente y de arriesgarnos a la alta probabilidad que Inglaterra y todas sus excolonias influyan para que la sentencia que se produzca sea contraria a Guatemala y a favor de Belice es la alternativa de la compraventa de territorio usando el antecedente de cómo Estados Unidos de Norteamérica adquirió Luisiana, Alaska y Florida,

En nuestro caso propongamos a Belice una transacción de compra onerosa del Distrito de Toledo, aceptando que ellos conserven como su territorio sin disputa lo que fueron las dos concesiones que España le otorgó a Inglaterra para cortar madera.

Hay que señalar que Belice cuenta actualmente con una población ligeramente superior a los 300 mil habitantes, la mayoría de ellos radicados en el norte y en el centro del territorio, por tanto, la mayoría de ellos viven en el área de las dos concesiones que quedarían como el territorio de Belice. A la situación debemos de agregar que a finales del año 2012, el gobierno de Belice incurrió en la falta de pago de US$23.5 millones, pago de los intereses de buena parte de su deuda externa que ronda en US$1,110 millones por lo que la calificadora Standar & Poor´s los declaró en “moratoria selectiva”, casi “cesación de pagos”.
Continuará.