Es sabido que Belice y Guatemala serán llamados a una Consulta Popular a celebrarse simultáneamente en ambos territorios en el mes de octubre de este año de conformidad con el Acuerdo Especial celebrado en su día entre ambos países con el objeto de acudir a la Corte Internacional de Justicia a dirimir el centenario diferendo territorial, marítimo e insular. Es sabido también que durante las negociaciones que condujeron al Acuerdo Especial, Belice cambió su legislación interna en el sentido de exigir 60% de votantes para la validez de la misma y 51% para que el resultado le fuese vinculante.

La legislación interna guatemalteca no exige tales requisitos por lo que habrá una diferencia diametral en los resultados electorales entre uno y otro país. Lo grave es que, como se advierte, ese inequitativo cambio en la legislación beliceña se produjo durante las negociaciones ante la vista, ciencia y paciencia de las autoridades guatemaltecas que suscribieron el convenio, lo cual pone de manifiesto un descuido incalificable del lado guatemalteco y una evidente mala fe contractual del lado beliceño. Así las cosas, el Acuerdo Especial podría ser impugnado de nulidad ya que la buena fe contractual y la igualdad de condiciones entre las partes son requisitos esenciales para la validez de los contratos y, obviamente, de los tratados internacionales. Siendo así, ¿vale la pena que Guatemala siga adelante con las obligaciones que le impone el Acuerdo Especial? ¿Será para Guatemala justificable el gasto que impone la Consulta Popular? Aparentemente, Guatemala ha exigido a Belice que derogue la referida modificación legislativa. ¿Y si Belice no lo hace? Lo sucedido es una prueba más de la inconveniencia de sujetar el diferendo a la Corte Internacional de Justicia. Cierto que han fracasado los otros mecanismos legales para la solución pacífica de la controversia y no quedaría sino el planteamiento ante la Corte. ¿Pero vale la pena litigar en una instancia internacional con una contraparte que ha dado muestras de deslealtad procesal como la comentada? En mi opinión, dadas las condiciones en que se encuentra la controversia actualmente, más le valdría a Guatemala hacer uso del instituto jurídico de la Denuncia para desligarse del compromiso internacional que le impone el Acuerdo Especial.