Es por demás decir que la ciudadanía en general desconfía del Estado de Guatemala; sin embargo, me limito a enumerar algunas de las razones: corrupción, abuso de autoridad, cierre de espacios públicos de poder y pocas opciones de progreso.

De todas estas razones, considero que la corrupción es la que más decepciona a los guatemaltecos, y poco a poco se va creando una especie de justificación para que los guatemaltecos ya no queramos participar en este montaje ficticio que dicen que se llama Estado. A grandes rasgos, el costo de la corrupción para el Presupuesto General del Estado debe de estar en una quinta parte. Es decir, a mi criterio, un 20 por ciento va a parar directamente a los bolsillos de alguien.

Otro 50 o 60 por ciento se gastaría en salarios, incluyendo los costosos asesores; en muchos casos, esto también se percibiría como un gasto mal ejecutado, a sabiendas del mal servicio que nos prestan burócratas, funcionarios y dignatarios del país. Mientras que el último 30 o 20 por ciento, quizá se ejecuten en alguna inversión; sin embargo, esto sería insuficiente para un país que todavía sueña con ver a sus hijos desarrollarse.

Este porcentaje de inversión se sabe insuficiente, cuando se conoce que no hay medicina, no hay fertilizantes ni dinero para la refacción escolar. Y decepciona que alcanza para pagar el alto costo de la corrupción, y no para las necesidades básicas.

Retomando este sentimiento de decepción hacia un Estado corrupto e ineficiente, la opción más viable para la población es dejar de ser ciudadanos y optar por alternativas, ajenas a la concepción que se tiene de Estado; algunas de estas opciones son legales, mientras que otras se podrían reconocer como delitos.

La primera opción de un ciudadano es seguir luchando desde dentro del sistema y seguir las reglas del juego. Es decir, participar activamente en la política (no necesariamente dentro de un partido político), pagar impuestos, ser un buen estudiante y después un excelente profesional, aportar ideas al país; algunos tendrán capacidades mejores y llegarán a ganar una medalla olímpica de plata, o fundarán un partido político sano, o destacarán en sus áreas profesionales. Pero ninguno de éstos llegará a tener un poder real dentro del Estado, porque para ello haría falta corromperse.

Las alternativas a esta corrupción, como dije, son ajenas a involucrarse al juego del Estado. Básicamente, habría tres opciones: a) emigrar fuera del país, b) optar por grupos al margen de la ley y c) la informalidad. Los últimos dos poco a poco se van convirtiendo en los “enemigos del Estado”, y el primer grupo también sería considerado así si no fuera por las remesas que envían y que soportan la mitad de la “economía nacional”.

Lastimosamente, el Estado está empujando a los pobladores a dejar de ser ciudadanos, porque da señales claras de que esto no rendirá frutos para el desarrollo personal; mientras que si se quiere tener mayores probabilidades de éxito, será mejor salirse del “Estado”. Emigrar es la opción preferida actualmente, aunque ello implique riesgos. Lo peor es que tal parece que el Estado se muestra “orgulloso” de empujar a sus hijos hacia el extranjero para que desde allí colaboren con sus remesas; las previsiones es que este año se superen los $5 millardos en envíos desde Estados Unidos.

La opción de la informalidad no es tan exitosa como las otras, pero al menos los pobladores estiman que es mejor el esfuerzo propio, ajeno a los supuestos “beneficios” del Estado que se adquieren con el pago de impuestos. En términos generales, la criticada Ley de Actualización Tributaria y la llamada Ley Antievasión II consisten en reducir las opciones de informalidad y evasión tributaria, luego de que por años cientos de grandes empresarios y miles de trabajadores informales han encontrado fórmulas para no pagar impuestos al Estado; sin embargo, sería mucho más efectivo que el Estado diera verdaderas muestras de que los impuestos traen beneficios para los emprendedores, y que el dinero no van a caer a bolsillos de funcionarios y en pagar los salarios de la parte bofa de la burocracia. Los trabajadores informales no son vistos tanto como enemigos del Estado, aunque sí hay esfuerzos por incluirlos a la formalidad, mientras que los evasores son más perseguidos y considerados enemigos, aunque como ya sabemos no todos los evasores son enemigos; algunos, incluso, son muy “amigos” del Estado.

La última opción es la de la criminalidad; especialmente, las pandillas, el narcomenudeo y otros grupos del crimen organizado son mejores opciones para miles de jóvenes que no confían en las “oportunidades” que da el Estado. A estos grupos sí se les considera más fuertemente como enemigos del Estado y buena parte de las declaraciones de los funcionarios nos quieren hacerlos ver como responsables de las desgracias de todo.

Por supuesto que los grupos al margen de la ley deben ser perseguidos, pero debemos caer en la cuenta de que todo esto es un círculo vicioso, y que si algún día los “analistas políticos” encuentran dónde empezó la circunferencia del vicio, se debe coincidir en que los corruptos son en realidad los mayores enemigos del Estado. Espero que algún día se entienda esto y que los ciudadanos y funcionarios probos repudien la corrupción como el inicio de la construcción de un verdadero Estado, y que éste ofrezca opciones para que los pobladores no tengan que buscar alternativas.