El gobierno de Pérez Molina se vio contra la pared a la hora de cuestionar frente a los funcionarios de la OEA la realización de la consulta popular este año para decidir el futuro de la reclamación por el tema de Belice, puesto que nuestro país suscribió el acuerdo después de que los beliceños cambiaron la ley sobre el referéndum, estableciendo que la validez del mismo está sujeta a una participación mínima de 60 por ciento de los ciudadanos aptos para votar, cantidad que es sumamente elevada y que de acuerdo con informes existentes, nunca se ha alcanzado en una consulta al pueblo en ese territorio.

El problema es que hay un compromiso de Guatemala, establecido en un convenido debidamente ratificado, que nos compromete a realizar nosotros una consulta popular el mismo día que se haga un ejercicio igual en Belice. Y el mismo fue suscrito por las autoridades del gobierno inepto de Álvaro Colom después de que Belice modificó su legislación, por lo que no hay excusa ni pretexto toda vez que la Cancillería no se dio cuenta de esa reforma legal no obstante la presencia de una Embajada de Guatemala en Belice, lo que nos da una idea de para qué sirven las embajadas. Por cierto que el mismo Haroldo Rodas que nos embarcó ahora con la consulta de Belice sin decir que habían reformado la ley, fue Vicecanciller de Serrano cuando se produjo el reconocimiento de Belice y establecimiento de Relaciones Diplomáticas con ese territorio.
 
 El sábado decíamos nosotros que estamos frente a una situación delicada porque se busca que Guatemala acuda a las urnas en una Consulta Popular que será vinculante para nosotros, mientras que en Belice se hará un referéndum que puede no ser vinculante si no asisten a las mesas de votación por lo menos sesenta por ciento de los ciudadanos de ese territorio. En otras palabras, bastaría una participación menor para que el ejercicio sirva para destapar la opinión de los guatemaltecos sin que Belice se tenga que comprometer y luego ellos tendrían que hacer un referéndum posterior ya conociendo el resultado guatemalteco.
 
 En teoría, el acuerdo entre ambos países significaba la realización simultánea de una Consulta Popular vinculante en ambos casos para decidir si el diferendo se somete a la jurisdicción y conocimiento de la Corte Internacional de Justicia. Sin ese carácter simultáneo y mutuamente vinculante se violenta la esencia misma del acuerdo, pero la responsabilidad de haber embarcado al país en una verdadera aventura es de ese inútil gobierno que tuvo también a un inepto canciller que no ha sido neutral en el caso de Belice.

Minutero:
Dejó a un pueblo perplejo
 en puro papel de pendejo;
 Belice sabía que Rodas
 caía de maje en todas