Ante la reforma tributaria impulsada por el actual gobierno, una serie de actores sociales y políticos han optado por la única forma de hacer valer sus oposiciones, siendo ésta atacar jurídicamente las normas aprobadas por el Congreso ante la Corte de Constitucionalidad, esperando que el más alto tribunal de competencia constitucional logre remediar una situación complicada para el país.
Para nadie es un secreto que pagar impuestos no es del agrado de los contribuyentes, por eso precisamente se les denominan así: impuestos, porque es la forma coercitiva en que los ciudadanos participan con aportes para lograr la subsistencia y funcionamiento del Estado, en búsqueda de un bien común. Sin embargo, hay varios aspectos que regularmente no incentivan esta obligación de la población: la corrupción en la función pública, la falta de igualdad o falta de capacidad para el pago de los impuestos, y en materia de agilización, la facilitación de los mecanismos para el pago ante el fisco. De esta última, la SAT cada vez más se esfuerza por facilitar las cosas al contribuyente, aunque es de admitir que aún hay una gran brecha entre esa facilitación y las posibilidades de la población en lograrlo. De las primeras dos, la corrupción y la desigualdad o falta de capacidad para el pago, aún hay agenda pendiente, y es que en ambos casos hay una vinculación que enmarca un círculo vicioso, en donde el denominador común es el subdesarrollo en el que aún Guatemala se mantiene.
Sin embargo, aumentar los impuestos y hacerlo de forma apresurada, quizá por motivos de tiempos políticos favorables, como le sucedió al partido de gobierno actual, no es exactamente la mejor forma de llegar a la meta, porque aunque se diga que los distintos proyectos de reforma habían sido discutidos ampliamente, desde los tiempos del exministro Fuentes Knight, hasta los actuales del ministro Centeno, una pequeña cúpula de “expertos” manejaba las propuestas, que se discutían solo con ciertos sectores económicos y políticos, y que se utilizaba muchas veces para negociar o para ceder en otros temas políticos. Al final, y empezando el año anterior, ya ni se revisó el grupo de reformas articuladas, las que tenían múltiples modificaciones a los proyectos primarios, y que ahora que ya están aprobadas, se pueden identificar que pudieran tener un contenido inconstitucional. Hay algunas normas que se contradicen, otras que hablando del mismo tema, se enfocan de diferente forma y algunas otras, en donde los proponentes de los proyectos, simplemente olvidaron los conceptos principales de la juridicidad, e intentaron darle poderes superiores a la SAT, violando en algunos casos, el debido proceso.
Solo para señalar un ejemplo, pensar en que la forma en que ahora se pagará el impuesto de circulación de vehículos es justa, para una clase media que regularmente sufre las mayores inclemencias de los pagos tributarios, es querer negar hechos notorios.
Los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad tienen en sus manos una brasa caliente, pues quienes han impugnado las normas, confían en que sus argumentos de juridicidad sean aceptados al ser muy evidentes las violaciones; mientras que los gobernantes, esperan que la decisión del tribunal constitucional permita la aplicación de estos nuevos impuestos para –esperamos y confiamos–, reducir la pobreza y la inseguridad, entre otras tantas necesidades del pueblo.