No detallaré las causas que provocaron el alzamiento en armas de los grupos insurgentes porque la mayoría de los guatemaltecos están enterados de la raíz de la guerra interna, y otros sectores, especialmente conservadores, no admiten que fueron las condiciones imperantes las que provocaron el conflicto armado.
Advierto lo anterior, porque voy a referirme al abandono en que se encuentra el departamento de Quiché, según la perspectiva y vivencia de campesinos y obreros (hombres y mujeres) que fueron combatientes y que desde la firma de los Acuerdos de Paz se incorporaron a la sociedad civil, realizando tareas productivas, en forma individual o colectiva.
Marco Macario Morales Toj es uno de mis contados lectores que me escribió para comentar mi artículo atinente a que, según encuesta de Prensa Libre, el 70% de los guatemaltecos aprueban el primer año de gestión del presidente Pérez Molina, columna que provocó airada reacción de decenas de guatemaltecos que restan créditos a esa consulta.
Morales Toj fue objeto de un asalto junto a su esposa e hijos. Los delincuentes los despojaron del picop que les servía para sus labores e hirieron a él y a sus parientes; en tanto que la mayoría de pequeños comerciantes, tenderos y familias –rurales y urbanas– de Quiché, Totonicapán, Sololá y Quetzaltenango son víctimas de extorsionistas que los amenazan de muerte si no pagan Q30 diarios, que para sus raquíticas economías es una suma exorbitante que arruina sus presupuestos.
Afirma que han aumentado los precios de la canasta básica y de los productos en general, como los útiles escolares. “Cada día estamos más jodidos” precisa, de suerte que “no es creíble que el 70% de los habitantes del área rural de nuestros municipios estemos satisfechos con el Gobierno”. Indica que muchas comunidades de la región son casi inaccesibles como para que encuestadores hayan logrado entrevistar a los lugareños, que carecen de carreteras, centros de salud, agua entubada y otros servicios básicos, y de ahí que duda que el Presidente “salga bien calificado” en un sondeo de opinión.
Mario Macario señala que Pérez Molina ofreció al inicio de su gestión la ejecución de proyectos de salud e infraestructura; pero no hay asomos de que se inicien, como asfaltar la carretera que une Santa Cruz con Patzité, otra entre Ixcán y Uspantán; pero sí ha autorizado prontamente la explotación de minería a cielo abierto en “cerros cercanos a Santa Cruz, Zacualpa y Joyabaj”.
Relata que los ex combatientes se han organizado para buscar soluciones a sus problemas, especialmente por medio de cooperativas, sin apoyo del Gobierno y el abandono de los dirigentes de la URNG, “que nos olvidaron porque se convirtieron en una elite; viven muy bien, se enriquecieron y se acomodaron en sus cargos y en puestos públicos”.
Actualmente están integrados a la vida civil, organizados en microrregiones y “estamos trabajando en el fortalecimiento de la Red de Defensa de nuestro territorio en Quiché”. En la región Ixil está a la cabeza el dirigente indígena y campesino Pedro Federico Sambrano; doña Juana Sánchez dirige el grupo de San Juan Cotzal; en la Zona Reina el responsable es Pedro Corcel, y en otras áreas Estuardo Cruz y Lolita Chávez, convencidos que pueden encarar riesgos y dificultades colectivas con armonía y alejados de la violencia armada; pero exigen que el Presidente cumpla con sus obligaciones
(El optimista ex combatiente Romualdo Tishudo cita a Blanco Ibáñez:- Tenemos dos fuerzas que nos ayudan a vivir: el olvido y la esperanza).