Parlamentarios españoles que realizaron una misión de observación de la situación de derechos humanos han señalado que de entregarle amnistía a Efraín Ríos Montt se tendría un retroceso en materia de derechos humanos, así mismo indicaron que la situación conflictiva que se vive en Santa Cruz Barillas se debe a la falta de información veraz y eficaz y la deficiencia de interlocución entre las partes afectadas.

Los congresistas indicaron que se resalta como un aspecto de normalidad democrática el actual juicio que se lleva contra el expresidente Efraín Ríos Montt y altos cargos de su gobierno, acusados de genocidio.

Además, indicaron que durante el proceso que se lleva contra Ríos Montt, la fiscalía tiene suficiente entidad para que este lunes se le pueda dar apertura a juicio sin otorgarle alguna amnistía, “para el fortalecimiento de lo democrático de Guatemala sería fundamental que se iniciara el juicio”.

Por ser una misión de parlamentarios españoles han hecho un hincapié en conocer la situación conflictiva que se vive en Santa Cruz Barillas, lo cual ha desembocado en la muerte de una persona y la detención ilegal de nueve miembros de la comunidad, por lo que esperan “el esclarecimiento de los hechos violentos, el resarcimiento de las víctimas y familiares de los afectados, así como que el conflicto se pueda encauzar democráticamente y con una salida que satisfaga a la población en su conjunto”.
 
Según el diputado Inaki Anasagasti existen varios temas que preocupan a las instituciones y personas en defensa de derechos humanos entre los que se destacan, la lentitud en el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, principalmente en lo concerniente al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y la democratización de las fuerzas de seguridad del Estado.

Así como la necesidad de seguir impulsando las reformas eficaces para fortalecer la efectiva independencia del sistema judicial del país. La persistencia de asesinatos, ataques, allanamientos de personas e instituciones de derechos humanos.

La persistencia de altos índices de violencia en especial la gravedad de la violencia de género y femicidio en Guatemala.  

Según los congresistas es positiva la derogación del decreto 370-2012 que limitaba la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en casos ocurridos antes de febrero de 1987.

Así como el reconocimiento de la labor que realizan las organizaciones de derechos humanos por su nivel de profesionalismo y como un signo de normalidad democrática que deber ser respetado y fortalecido entre los que se destacan a la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHAG) y el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH).

Los parlamentarios se comprometieron a colaborar en el fortalecimiento de las instituciones encargadas de velar por la vigencia y respeto de los derechos humanos en Guatemala apoyando aquellas iniciativas que vayan en ese sentido.

Además, refirieron que existen serias resistencias a que se investiguen hechos del pasado en materia de derechos humanos, pero que se encuentran persuadidos de que el camino no es hacia atrás, a pesar de que haya personas que les han mencionado que hay un evidente retroceso en la defensa de los derechos humanos.