¡Esto viene al caso debido a la gran cantidad de ofrecimientos en las campañas electorales que hacen los que buscan los votos para alcanzar un puesto de elección! Pero, cuando ya están en funciones se olvidan de lo que prometieron, al extremo que un expresidente reconoció (descaradamente), ¡que para ganar las elecciones hay que mentir! ¿Con semejante desfachatez qué pueden esperar las mayorías, que seguirán soñando con el anhelado desarrollo nacional?

Como quien dice que no es nada, se fue el año 2012, el año del beneficio de la duda. Sin embarrgo, lo más esperado sigue mal y hay aspectos que están peor. No se ven avances, porque los politiqueros engañan al pueblo durante los procesos eleccionarios, nos ven cara de tontos y  nos quieren hacer bailar al son que ellos nos quieran tocar. Así nos vendieron las promesas incumplidas, nos impusieron más cargas tributarias, seguimos recibiendo pésimos servicios públicos, nos ahogan por la falta de seguridad y justicia, sigue la corrupción, la impunidad, el enriquecimiento ilícito, el hambre, la miseria y la ignorancia. Falta la credibilidad en los organismos e instituciones del Estado, no hay empleo. Abandono social, administración pública lenta e ineficiente, funcionarios y empleados corruptos e incapaces, insalubridad, mala educación para la formación de niños y jóvenes, lo que evita producir mano de obra calificada y oportunidades de trabajo y progreso.

Hablando de algunas de las promesas incumplidas, debemos señalar una en particular, porque fue una artera puñalada directa al corazón de nuestro pueblo, y al respecto, nos referimos al inhumano y abusivo aumento de los impuestos. Los “políticos” del gobierno actual, dijeron, durante su campaña proselitista que los impuestos no sufrirían aumentos, más, sin embargo, no fue así, porque fue el primer garrotazo que nos dieron. Por eso, ahora que el Partido Lider ha accionado judicialmente presentando recursos legales, que ponen en aprietos al presidente Otto Pérez, quien argumenta que son improcedentes y traerán problemas. Pero, ¿acaso les importó en el Organismo Ejecutivo y a los diputados al Congreso de la República, violar la Constitución Pólítica, haciendo caso omiso del Derecho Constitucional de respetar el principio fundamental de atender la real capacidad de pago de los contribuyentes? ¿Cómo creen que está la economía de los empleados que ahora deben pagar ISR, sin considerar que son mayoría y que no podrán cumplir, debido a su pobreza e incapacidad de pago?

Es seguro que no entienden o que solo buscan aumentar la recaudación, olvidándose que no se pueden imponer tributos, más allá de lo que los ciudadanos estén en la capacidad de pagar. Recordemos que la familia es la base y pilar de la sociedad, y por lo mismo, el Estado debe protegerla (según  la Constitución Política); entonces, ¿por qué se les restan recursos económicos a los padres para la subsistencia de sus hijos y otras cargas familiares? O será ¿que los ingresos para la economía familiar están rebozantes, debido a una positiva, sana, productiva y dinámica actividad económica, donde el empleo y los salarios estuviesen acordes a las necesidades básicas de alimento, salud, vestuario, recreación y educación? Pues, sabemos que no, y por lo tanto el aumento de los impuestos es un castigo desmedido para los chapines, porque no tienen ninguna obligación de pagar por la irresponsabilidad de los gobiernos que nos han sumido en el caos económico.

 Si consideraramos las necesidades de la población, para lograr algunos avances que permitan alcanzar algunas metas para el desarrollo y el progreso de Guatemala, tendríamos que reconocer que se necesitan mayores ingresos para atender dichas necesidades. Pero, cuando analizamos el comportamiento reiterado en el manejo  y utilización de los fondos públicos, lamentablemente vamos a concluir “que antes de exigir una mayor cantidad de quetzales en la recaudación de impuestos, deberíamos exigir a los dignatarios, funcionarios y empleados públicos, que rindan cuentas ante la justicia”, por dilapidar, malversar y apropiarse del dinero del pueblo, que ha ido a parar a los bolsillos de quienes se han aprovechado de los cargos que han detentado u ostentado, para defraudar a la población, anteponiendo intereses personales antes que los sagrados intereses nacionales, olvidándose de la gente que sufre y que merece mejores condiciones de vida.

Para concluir, tenemos que reconocer que el cierre de Fonapaz fue una medida acertada que ha venido a darle unas bocanadas de oxígeno al actual gobierno, por la decisión de acabar con una institución que desde su creación en el 2005, ha sido señalada de constituir un foco de funcionarios dispuestos al saqueo de los fondos del país, puesto que se han cometido delitos por el manejo ilícito de fondos millonarios destinados a proyectos de beneficio popular; pero, donde, (como lo dijo el presidente Pérez Molina), no pudieron contener la corrupción imperante, en cuanto a la adjudicación de proyectos, costos reales, calidad de las obras y sobrevaloración de los trabajos contratados, y donde los contratistas, también han jugado el partido, de las tajadas mal habidas.