Desde que entró en vigencia la Ley de Acceso a la Información, en abril de 2009, las solicitudes de comunicadores y ciudadanos para acceder a datos, expedientes e informaciones públicas han ido en aumento; sin embargo, aún se encuentran obstáculos para que se cumpla la Ley a cabalidad y hasta ahora ningún funcionario ha enfrentado un proceso penal por denegación de información, según los expertos consultados.

Según registros de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Acceso a la Información del Procurador de los Derechos Humanos, en 2009, el año en que entró en vigencia la Ley, se recibieron 11 mil 289 solicitudes; en 2010 fueron 16 mil 908 y en 2011 fueron 19 mil 691.

De estas solicitudes, el 88.31 por ciento fueron atendidas de manera satisfactoria, mientras que la respuesta a las demás fue negativa. Sin embargo, esto no motivó a los solicitantes a presentar recursos de revisión en la oficina del ombudsman.

La Secretaría todavía no cuenta con los datos correspondientes a 2012, puesto que las entidades o sujetos obligados del Estado aún están en el proceso de entregar a la institución sus debidos informes; el último día hábil del mes de enero es la fecha límite para reportar y aún se están recibiendo estos informes, explicó Nancy Cárdenas, encargada de dicha Secretaría.

Para Cárdenas, desde que entró en vigencia la normativa existe un avance en materia de transparencia, pero considera que no es el ciento por ciento de lo que se puede hacer, y asegura que se están haciendo esfuerzos para mejorar el acceso a la información.

La funcionaria reconoce que ninguna persona ha ido a prisión por incumplimiento de la Ley, pese a que la misma establece en su artículo 65 que incurre en delito de información el funcionario o servidor público que en forma arbitraria o injustificada obstruya el acceso del solicitante a la información requerida.

Este delito le puede significar al funcionario o servidor público una sanción con prisión de uno a tres años, con inhabilitación especial por el doble de la pena impuesta, y multa de diez mil a cincuenta mil quetzales.

CASI TODA INFORMACIÓN ES DISPONIBLE
Cárdenas, de la Secretaría de la PDH, explica cuáles son las únicas excepciones que contempla la ley sobre los datos que no pueden ser entregados a los ciudadanos: una es sobre la confidencialidad y la otra es la reserva de información.

Sobre la reserva de información, Cárdenas comenta que implica casos específicos y que tiene un plazo de reserva no mayor de siete años; para que un sujeto obligado pueda reservar información debe cumplir con los requisitos que establece la ley, superando la prueba de daño.

Lo relativo a la información confidencial y reservada puede encontrarse en los artículos 22 y 23 de la normativa, en el capítulo V.

De acuerdo con la funcionaria, la prueba de daño consiste en que sería más perjudicial hacer pública la información que reservarla; estas son las dos excepciones a la publicidad de la información, señaló.

Marvin Flores, de Acción Ciudadana, dice que un ciudadano puede tener acceso al 98 por ciento de la información que está en poder del Estado, ya que es de carácter público; las únicas restricciones son las relativas a la información de carácter personal, como teléfonos personales, edad, religión, sexo, afiliación a partidos políticos y otros datos sensibles.

Según Flores también están restringidos los datos que se entregan bajo garantía de confidencialidad y lo relacionado con cuentas bancarias de empresas o individuales, a menos que sean del Estado; asimismo no se puede tener acceso a la información vinculada con la seguridad nacional, como los lugares por donde se desplaza el Presidente, algún tipo de estrategia para combatir el crimen organizado u operativos de incautación de drogas; esas son las únicas excepciones, indicó. 

«Para entenderlo mejor, nosotros decimos que todo lo que está relacionado con recursos o bienes públicos puede ser solicitado; incluso se puede pedir información a una empresa privada que maneje recursos del Estado», señaló Flores.

De conformidad con lo dicho por Flores, ninguna persona ha ido a prisión por violar el derecho de acceso a la información pública, pero la ley contempla que cuando no se entregan datos públicos o se entregan de manera parcial existe el delito de retención de información; esto se sanciona con uno a tres años de prisión y con inhabilitación especial por el doble de la pena que sea impuesta y multa de diez mil a 50 mil quetzales.

Si en una municipalidad no se entrega información que es de carácter público, el Concejo Municipal en pleno incurriría en el delito de retención de información y podrían ser sujetos a prisión de uno a tres años y la multa referida. Por otro lado, hay sanciones de tipo penal o civil si hay perjuicio o responsabilidad civil por no entregar la información y de carácter administrativo.

Conforme al analista, uno de los retos más grandes que hay es que la PDH, como ente garante, debe judicializar o llevar a tribunales a empleados y funcionarios públicos que no entreguen información o que la denieguen de manera expresa; hasta el momento no ha habido una sentencia a nivel jurídico sobre esto y es un reto de la PDH, subrayó.

Flores considera que la ley es muy buena pero que no se ha avanzado mucho en materia de transparencia, sobre todo por el cambio de gobierno, en el que empleados públicos que ya estaban capacitados sobre el tema fueron removidos; el conocimiento que había sobre la ley se perdió y algunas unidades de acceso a la información en las comunas fueron cerradas, dijo.

Por otro lado el analista estima que la ciudadanía y los funcionarios públicos conocen muy poco del contenido de la ley; las personas tienen otro tipo de prioridades, no exactamente la lucha contra la corrupción, señaló el experto, quien recordó que las autoridades educativas deben incluir el tema del derecho de acceso a la información pública en el currículum de estudios de los niveles primario, medio y superior.

RESPUESTAS A MEDIAS O ESQUIVAS
En 2011, pobladores de aldeas de Jalapa que fueron capacitados por el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) sobre la ley, solicitaron información a la Municipalidad de Jalapa y al Ministerio de Comunicaciones sobre el mal estado de un tramo carretero que comunicaba a once aldeas y caseríos de la cabecera departamental.

Según el GAM,  las respuestas obtenidas de las entidades fueron esquivas y ninguna aceptó su responsabilidad sobre el mantenimiento de la carretera, aunque poco tiempo después de realizadas las solicitudes se logró que se iniciaran los trabajos de remodelación de dicho camino público.

Otra experiencia es la de Cristina Yaqui, integrante de la Asociación Renaciendo Flor del Camino, de Chimaltenango, quien comentó que aprendieron que tenían acceso a la información pública en los talleres ofrecidos por el GAM; «nosotras no sabíamos cuáles eran los gastos que realizan nuestras autoridades para una construcción, pero al ser capacitadas supimos que están obligados a darnos las respuestas exactas de los gastos que realizan», indicó.

Sin embargo, Yaqui reconoce que fue difícil obtener respuestas de las autoridades, principalmente de la municipalidad de Patzún, quienes inicialmente les negaron la información y que solo se las otorgaron cuando ellas se quejaron con el GAM, entidad que las estaba capacitando.

Karla Campos, del área de Transparencia del GAM, considera que las respuestas de las entidades pueden variar de acuerdo a quien hace la solicitud; a veces se tardan más cuando la solicitud la hace una persona individual: «Por ejemplo, tuvimos un caso en que una persona pidió datos en el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) y no se la daban y no fue hasta cuando fuimos como GAM a pedirla que nos la dieron», señaló Campos.

Campos reveló que parte de la capacitación brindada a los pobladores era realizar las solicitudes de datos y de ser negada la información presentar un recurso de revisión que, según la ley, es un medio de defensa jurídica que tiene por objeto garantizar que en los actos y resoluciones de los sujetos obligados se respeten las garantías de legalidad y seguridad jurídica.

La entrevistada considera que sí existe la necesidad de que los ciudadanos sean capacitados en el tema porque existen herramientas para hacer auditoría social; la gente tiene interés en conocer qué es lo que hacen los funcionarios con los recursos públicos según pudimos constatar, expresó.

Dentro de los hallazgos que encontramos en nuestro taller es que los servidores públicos radicados en los municipios y departamentos no saben utilizar la ley y no saben que tienen un plazo para poder contestar las solicitudes, así como tener una unidad de acceso a la información, agregó Campos.

La Hora ha realizado diversas solicitudes de acceso a la información a instituciones públicas, para realizar notas informativas y reportajes; en varias ocasiones se han encontrado obstáculos interpuestos por los sujetos obligados que complican fiscalizar su gestión y en otras oportunidades se han encontrado informaciones vagas e incompletas en los portales que deberían ofrecer la información de oficio, como ocurre en el caso del Congreso de la República, que esconde los salarios exactos de los diputados y funcionarios  (Lea: casos destacados).

DENUNCIAS POR INCUMPLIMIENTO
Según las 278 denuncias que ha recibido la PDH por el incumplimiento de la ley,  muy pocas han sido por no brindar información y la mayoría se deben a la comercialización de datos, unas 251 denuncias en total.

Según la encargada de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Acceso a la Información, la comercialización de datos es un delito que está establecido en la normativa y que es cometido por personas o empresas que lucran con la venta de datos personales sin autorización, pero hasta la fecha no se sabe si alguna ha sido sancionada.

A las denuncias por comercialización de datos les siguen las violaciones cometidas al derecho al libre acceso a todas las instituciones, dependencias y archivos de la administración pública con siete denuncias y le sigue la violación al derecho a agilización del proceso de acceso a la información pública, con seis. 

Aunque la PDH ha interpuesto las denuncias respectivas no cuenta con datos sobre si las empresas han sido sancionadas penalmente por comercialización de datos personales, dijo Cárdenas.