A casi un año de haber sido ligado a proceso, José Efraín Ríos Montt, exjefe de Estado, conocerá si es enviado a juicio por los delitos de genocidio y deberes contra la humanidad. El Ministerio Público (MP) lo señala, junto con José Mauricio Rodríguez Sánchez de haber ejecutado los planes que dieron como resultado la muerte de mil 771 personas.
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A las 9:20 de este martes, dio inicio la audiencia en el Juzgado Primero B de Mayor Riesgo, a cargo de Miguel Ángel Gálvez, quien ayer sorprendió al rechazar siete incidentes que bloqueaban el proceso, y programar para este día la diligencia de apertura a juicio.
El fiscal Orlando López, jefe de la Fiscalía de Derechos Humanos, inició la lectura de la acusación para pedir debate oral y público contra Ríos Montt y Rodríguez Sánchez, quien fue el primero en escuchar los hechos por los cuales es procesado.
Según el MP, desde el 23 de marzo de 1982 al 31 de julio de 1983, Rodríguez fungió como Jefe de la Segunda Sección del Estado Mayor de la Defensa Nacional y como director de la Sección de Inteligencia (G2), donde tenía como principal función asesorar todos los asuntos relacionados con la información del enemigo. También influía sobre las decisiones del Comandante que apoyaba en las operaciones.
Desde ese cargo, el ente investigador indica que el general retirado implementó los planes contrainsurgentes Sofía y Victoria 82, que terminaron con la vida de mil 771 personas de 72 comunidades del área maya Ixil.
En los documentos que el MP presentó, figuraba un anexo del Plan de Operaciones Sofía, conteniendo un reporte de las tropas en el que señalaban que “potencialmente el 50 por ciento de la población colabora con el enemigo interno en actividades de espionaje”. Luego de ejecutar la operación, los soldados sostuvieron que “el 100 por ciento de la población Ixil colaboraba con la subversión”.
“Estas fueron una de las razones por las cuales dicha población fue calificada como enemigo interno, y por eso fue atacada con la intención de destruir total o parcialmente al grupo”, expuso López.
Posteriormente dijo que “eran población civil no combatiente y consideraron falazmente que estos constituían base social, fuente de alimentación, cantera de reclutamiento y lugar de refugio para la guerrilla”.
El MP también manifestó que la fuerza de Tarea Gumarcaj, habría sido la que ejecutó el Plan Sofía, con la autorización de Héctor Mario López Fuentes, coordinación de Rodríguez Sánchez y conocimiento de Ríos Montt.
EN TIEMPO REAL
En las conclusiones de las investigaciones, el MP aseguró que los integrantes del Estado Mayor del Ejército, entre ellos Ríos Montt y Rodríguez Sánchez, tenían conocimiento en tiempo real de los operativos militares y los resultados de los mismos, en todas las zonas militares del país, entre estas, el área Ixil. Dicha información se recibía en el Centro de Operaciones Conjuntas (COC).
Por otro lado, el MP refiere que del 24 de marzo al 21 de octubre de 1982, 29 mil personas fueron obligadas a desplazarse ya que eran buscados por los militares. Unas 54 comunidades fueron obligadas a huir a las montañas, “donde tuvieron que vivir en condiciones sobrehumanas”.
Al momento del cierre de esta edición, la diligencia no había terminado, por lo que esperaba conocerse si el juez enviaba a juicio al exjefe de Estado, y al exdirector de Inteligencia Militar.
En relación a Héctor Mario López Fuentes, militar retirado, su proceso penal está detenido ya que el juez ordenó que un médico forense lo evalúe para determinar su estado de salud.
CALDH no llega a vista pública
Debido a la incomparecencia del CALDH, la Corte de Constitucionalidad suspendió la vista pública en la que se conocería el amparo interpuesto por Ríos Montt en el que éste busca ser acogido por la Ley de Reconciliación Nacional, la cual ordena dar amnistía a los militares que participaron en el conflicto armado. Por lo que la CC resolverá este amparo sin conocer dicha vista pública solicitada por el CALDH.
Según los abogados de Ríos que se presentaron a la CC indicaron que por la incomparecencia del CALDH se suspendió la vista pública, por lo que se pretende que se cumpla con la Ley de Reconciliación Nacional.
El abogado Ricardo Méndez Ruiz indicó que ahora solo se espera que se cumpla con la ley de Reconciliación Nacional “es muy clara y específica en cuanto a que contempla una amnistía que tienen derecho todos los soldados que participaron en el conflicto armado interno”.
Méndez Ruiz dijo que si la CC otorga la amnistía quedará sin efecto el proceso que se lleva de Ríos Montt.