A lo largo de la historia, en los cuerpos sociales organizados siempre han existido pugnas que giran en torno a los impuestos. Por ejemplo, quiénes deberían pagar mayor cantidad, qué actividades, qué clase de productos, cómo utilizar los fondos, etc. Guatemala no es la excepción, y con la actualización tributaria que entrará en vigencia este año, los asalariados deberán cargar con un descuento directo, lo que podría generar una disminución en la capacidad de consumo de la población.

Los primeros registros que se tienen en materia de cobro de tributos, tuvieron lugar en Egipto, 3400 años antes de Cristo. En esta oportunidad fue común encontrar impuestos sobre tierras y transacciones comerciales.  Estos últimos son de los principales que se aplican en la actualidad.    Algo que llama la atención del caso egipcio, en particular, es que parte de su decadencia y ruina se explica por la forma en que gastaron los recursos públicos durante aquella época.

Como sucedió en Egipto, 54 siglos atrás, en el mundo actual existen países que viven la misma situación, como los casos de Grecia, España, Portugal y otros que se encuentran al borde del precipicio, puesto que los fondos recaudados no son suficientes para financiar los presupuestos que se ejecutan cada año. En nuestro país se presenta un escenario similar, porque, cuando se observan las proyecciones que se tienen con la implementación de esta nueva modalidad de tributación, nos encontramos por debajo del actual presupuesto de la nación, lo cual obliga al Gobierno a que financie los gastos por medio de la deuda pública.

En consecuencia, cuando se aborda el caso de Guatemala, se manifiesta que hay una dicotomía entre como debería complementarse y aplicarse los impuestos, que van dirigidos a la producción y al consumo. El Gobierno anterior intentó imponer tributos a una de las industrias más prósperas en el país, como la telefonía, caso que no obtuvo apoyo de muchos sectores y fue condenado por una parcialidad de la opinión pública. Es decir, que en esa oportunidad se tenía la intención de gravar la producción pero al final solo fue un intento fallido.

En contraparte se encuentran los impuestos indirectos, cuya finalidad es gravar el importe de la venta de bienes económicos en general.  En esta clase de tributos, el más importante es el impuesto al valor agregado (IVA), pues su importancia radica en el elevado aporte que brinda a la recaudación.   Según estimaciones de los últimos años, se calcula que el 86% de los ingresos tiene su origen en los impuestos indirectos, que se resume en que, por cada quetzal que ingresan a las arcas nacionales por concepto de tributos, 86 centavos se derivan de gravámenes indirectos.

La cifra anterior es contundente.   Sin embargo, no debe olvidarse que siempre el consumidor final paga todos los tributos, puesto que el productor solo traslada ese gravamen,  y lo incluye en los costos de producción de las empresas. Lo anterior se podría revertir solo con la aplicación de impuestos específicos, que definan el sujeto y objeto de una manera que no puedan transferirse. El caso italiano es interesante, porque, algunos magnates de ese lugar pidieron que sus fortunas fueran objeto de gravámenes, en vista de la profunda crisis que atraviesa este país europeo.

Queda claro que, no se trata solo de crear impuestos o incrementar tasas, sino que debe protegerse a los sectores más vulnerables por medio de la reducción de impuestos dirigidos a ellos, con la finalidad de aumentar su capacidad de consumo. Además, debe aplicarse el estricto sentido de la eficiencia en el gasto público, pues de lo contrario nunca existirá presupuesto que cubra las necesidades del País.