Las estadísticas evidencian que el camino para procesar una denuncia por delitos de corrupción marcha por áreas alfombradas de impunidad y llenas de obstáculos que impiden que la justicia llegue a todos aquellos delincuentes del sector público y privado que toman los recursos públicos que en un principio debían administrar o invertir.

De acuerdo con la Memoria de Labores del Ministerio Público de 2011, durante ese año se recibieron 212 denuncias por actos ilícitos relacionados con la corrupción,  pero según se consigna en el mismo documento, a los tribunales de justicia llegaron a sentencia únicamente 37 procesos.

En 2012, el ente investigador recibió 426 denuncias y en un primer análisis fueron desestimadas 146 de éstas. De las causas que fueron abiertas, solo 23 llegaron a sentencia condenatoria y 2 a sentencia absolutoria.

Aunque cuantitativamente la efectividad se cuestiona, el análisis de los casos demuestra avances en los procesos de investigación, que inician con la denuncia –muchas veces, anónima–, que juega un papel clave, puesto a que previo a ser asignadas a una fiscalía dichas acciones pasan por un proceso de depuración para constatar si cuentan con los elementos suficientes para iniciar con una investigación.

BANDERA POLÍTICA
Uno de los mayores conflictos que se desatan en esta fase, es que muchos de los funcionarios que accionan en contra de otros, lo hacen para aprovechar el nivel mediático que desatan los señalamientos por corrupción, según consideró el analista político Renzo Rosal.

Según su criterio “en muchas ocasiones este tipo de casos se utilizan como una bandera política, donde a veces sin mayor fundamento se acusa a funcionarios e instituciones solo para tratar de promover desgaste de la figura pública sin que necesariamente haya un caso atrás”.

En ese sentido, Marvin Flores, de Acción Ciudadana, opinó que esa estrategia no es nueva y que es una forma de presión dentro de los mismos grupos de poder político.

“La percepción se tiene a partir de que en el actual Gobierno, en un momento se mencionaba que la extinta Secretaría de Control y Transparencia utilizaba los casos de corrupción para hacer persecución política o algún tipo de presión a lo interno de los ministerios u otras secretarías por parte de la Vicepresidencia”, consideró Flores.

El analista también agregó que ese escenario aún continúa siendo una posibilidad, porque algunos congresistas utilizan el mecanismo de fiscalización y las denuncias de corrupción como herramienta para chantajear, a cambio de obtener plazas en las diferentes dependencias del Estado.

Este es uno de los fenómenos por los cuales los casos no siempre avanzan, pues cuando inicia la investigación, el MP se encuentra con más tropiezos que retrasan las diligencias.

LA PERSECUCIÓN
“En esta etapa es donde se presentan mayores problemas”, aseguró Javier Monterroso, asesor de la fiscal general, Claudia Paz y Paz.

La principal de las complicaciones, dijo Monterroso, es la carencia en el ente investigador de un equipo de detectives especializados en temas de corrupción, puesto que en  Guatemala no hay encargados de investigaciones en temas económicos. “Apenas tenemos equipos especializados en delitos contra la vida, secuestro y extorsiones”, explicó.

Para poder integrar una unidad que permita realizar las pesquisas al nivel de perfección que ha alcanzado la corrupción, Monterroso considera  que las características de un detective especializado en este tipo de ilícitos deben ser distintas a las de un policía común. “Se debe iniciar con un equipo policial multidisciplinario, donde es importante tener personas capacitadas en temas contables, temas de administración pública, en asuntos legales, especialistas en leyes del Estado, auditores, entre otras cuestiones”, detalló.

Los agentes contra la corrupción deben ser especializados porque la indagación en corrupción es compleja de por sí, agregó el funcionario y reconoció que “aunque tuviéramos personal experto, las auditorías aún toman mucho tiempo, porque las inspecciones forenses pueden llegar a tomar de seis meses hasta un año, dependiendo del volumen de cuentas a diligenciar”.

EL CUERPO
Ingresar a los vericuetos de los hechos corruptos toma su tiempo. Al mar de estos actos se sumerge no solo el MP, sino también la Contraloría General de Cuentas (CGC), la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la Superintendencia de Bancos (SIB), la Intendencia de Verificación Especial (IVE) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), entre otras instituciones.

Cada institución juega un papel diferente y clave dentro de las pesquisas. Un caso que ilustra la situación, es la investigación por los supuestos actos de corrupción en la Municipalidad de Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

Monterroso explicó que antes de que fuera capturado el alcalde de Antigua, Adolfo Vivar, la Fiscalía había investigado el caso desde hacía aproximadamente un año. “Durante ese año se hicieron análisis financieros, periciales, testimoniales, se realizaron dictámenes de la Contraloría, dictámenes de analistas de la CICIG, y otros”, expuso.

A la par de estas entidades, para armar el cuerpo de una denuncia, constantemente se piden autorizaciones judiciales para acceder a cuentas bancarias, informes de las instituciones y desplegados de llamadas a empresas telefónicas. Sin embargo, una de las principales peticiones, es la solicitud de antejuicio que beneficia a los funcionarios públicos.

En ese sentido, el decreto 85-2005, Ley en Materia de Antejuicio, señala que este es una garantía que se otorga a los dignatarios y funcionarios públicos para que no sean detenidos ni sometidos a procedimiento penal ante los órganos jurisdiccionales, sin que previamente exista declaratoria de autoridad competente que ha lugar a formación de causa.

“Todo eso hace que los informes de delitos económicos y de corrupción sean más largos que los normales”, enfatizó Monterroso.

Por último indicó que el tiempo promedio para realizar las diligencias en un caso de corrupción siempre varía, pues las denuncias se presentan y la recolección de evidencias es mucho más lenta; “acceder a los informes de las instituciones y hacer los análisis forenses, principalmente de contabilidad forense financieros es lo que más tiempo lleva”.

DIFICULTADES DEL JUZGAMIENTO
Los delitos de corrupción durante el proceso judicial también se enfrentan a resoluciones judiciales cuestionables. En ese sentido, el asesor del MP mencionó casos en los que se considera que los jueces favorecen estructuras criminales, como ejemplo por el de Gloria Torres, puesta en libertad luego de que la jueza Carol Patricia Flores declarara falta de mérito en las investigaciones.

También mencionó el caso de Carlos de León Argueta, quien fue beneficiado por el juez Amílcar Enrique Colindres Hernández, del Juzgado Primero de Primera Instancia Penal de Santa Rosa, quien resolvió favorablemente un amparo presentado por la defensa del exfiscal en un proceso diligenciado en la Capital.

En el mismo sentido, el 29 de noviembre, la CICIG entregó al MP el informe “Los Jueces de la Impunidad” donde denuncian a 18 togados, a quienes señalaron de fomentar la impunidad y favorecer con sus resoluciones a grupos criminales y corruptos.

Otro fenómeno que afecta el plazo de los judiciales es la constante presentación de recursos o medios de impugnación, que si bien el Código Procesal Penal y la Ley del Organismo Judicial los enlistan, muchas veces han sido utilizados de manera maliciosa para entrampar o retardar un proceso.

CUANDO SE ABANDONAN LOS CASOS
Cuando los funcionarios se desentienden y abandonan las denuncias podrían suceder tres cosas, analizó Rosal. Según su criterio, las denuncias de esa naturaleza son difíciles de probar, sobre todo con un sistema jurídico “tan conservador”.

“Iniciando con que muchas veces las denuncias son hechas en base a supuestos y en estos casos las pruebas son difíciles de recabar porque actos de corrupción han ido perfeccionándose”, consideró, y agregó que por situaciones como estas los casos pueden “caerse”.

“Otros hechos tampoco se denuncian por miedo o temor infundado, ya que involucra a políticos o empresarios de altos vuelos que podrían tener algún tipo de juego donde el denunciante sea quien pague los platos rotos”, continuó.

Por último, reiteró que este tipo de denuncias han sido utilizadas para obtener atención política y mediática. En ese sentido, el analista de Acción Ciudadana resaltó que con la Ley contra la Corrupción, el MP tiene nuevos elementos que fortalecen la persecución.

“Es complicado recabar pruebas y testigos porque en este tipo de actos, hay corruptores y corruptos; las pruebas son difíciles, pero con la nueva normativa se abre la posibilidad de avanzar en el tema de las pesquisas, en relación a escuchas telefónicas y testigos protegidos”, indicó.

En ese sentido, consideró que puede fortalecerse la lucha contra la corrupción en el ámbito penal, pero hace falta fortalecer el fondo y continuar con la Contraloría en temas de auditorías forenses y especializadas en el área de la construcción.

FORTALECER LAS INSTITUCIONES
“Para cambiar esa imagen hay que fortalecer y perfeccionar todos los mecanismos, entre estos la institucionalidad, la capacidad de la Fiscalía y el Organismo Judicial en casos de corrupción”, analizó Rosal. Según su criterio, el Poder Judicial muchas veces “se termina tapando con la misma chamarra protegiendo a funcionarios”.

“En la medida en que podamos ir destapando los hechos de impunidad y en la medida en que se van fortaleciendo las instituciones que tienen que ver con la investigación criminal en casos de corrupción, considero que podríamos tener mejores resultados en un tema candente, donde hay una gran percepción de parte de la ciudadanía”, concluyó el entrevistado.

Por su parte, Monterroso recordó que la Fiscalía contra la Corrupción, el año pasado pasó por un fortalecimiento importante, y por un programa de depuración, donde personas que no fueron efectivas fueron cambiadas, y donde se removió a la totalidad de personal.

EXCUSAS Y FALTA DE VOLUNTAD POLÍTICA
La diputada Nineth Montenegro expuso que el MP puede poner miles de excusas, pero que realmente hay casos que “jamás han iniciado a investigar”, y que con esto se evidencia falta de voluntad política.

“Por ejemplo, en donde se ha demostrado que empresas constructoras sin terminar los trabajos cobraron dinero del Estado, hay evidencia física, allí está la obra inconclusa. En casos donde se ha comprobado que la obra está en mal estado, que fue sobrevalorada, tampoco hay absolutamente nada; las ONG que volvieron a ser puestas en el presupuesto, tienen reparos millonarios y demás denuncias ante el MP, pero ni siquiera se ha iniciado a desempolvar el trámite”, dijo enfática.

También citó el ejemplo de la denuncia por la supuesta compra sobrevalorada de medicamentos para el Rotavirus, que luego fue desestimada por el MP en base a un informe de la Contraloría, que descubrió que no existió tal sobrevaloración, sino un sobreabastecimiento.

“La denuncia que nosotros presentamos evidenciaba que un medicamento que es la misma fórmula química que otra, surte el mismo efecto; una cuesta Q56 y la otra Q170, pero las autoridades prefieren a la otra empresa. Pido que se investigue el contrato abierto y no hacen nada. Dígame si no están dañando la salud del pueblo”, acotó.

Montenegro concluyó, señalando: “me encuentro desencantada de ver esa inercia en el MP que ha puesto atención en casos de violaciones en derechos humanos, pero en temas de violación, es poco. Hace falta una reingeniería en el MP y destituir a todos los fiscales que no están haciendo nada”.