Una organización geoestratégica de los mandos de la Policía Nacional Civil (PNC) se implementa en el oriental departamento de El Progreso, con el fin de incrementar el combate a la delincuencia común, distribución de drogas y homicidios, entre otros, informó el jefe de la Comisaría 53, Eduardo Cardona.
Este proceso implica el traslado de la sede del distrito nororiental hacia el departamento de Izabal, cuya localización lo caracteriza como el lugar donde se origina el corredor de violencia en esta región, indicó Cardona.
El oficial adelantó que el trabajo de gestión por resultados con base en la cantidad de elementos de la PNC y de los respectivos recursos continuará, lo que permitirá realizar justas y oportunas sanciones disciplinarias al personal que incumpla con los objetivos y metas establecidas, además de mantener la conformación de comisiones municipales de seguridad ciudadana.
El quehacer de todo el personal estará dirigido a la focalización del delito, lo que permitirá constatar cuáles son los municipios con mayor índice delincuencial, aumentar el esclarecimiento de homicidios a través de la Unidad de División Especializada en Investigación Criminológica (DEIC) y disminuir el indicador de estos casos a un 20 por ciento.
El funcionario mostró satisfacción por los logros alcanzados durante el año pasado, entre los que destacó la captura de 839 personas por diferentes ilícitos; 4 por plagio, secuestro y asesinato y 6 por plagio y secuestro; incautación de 78 armas de fuego, recuperación de 62 vehículos robados en diferentes partes del país.
Asimismo, por transporte ilegal de productos forestales y minerales, por cuyo motivo fueron consignados 19 vehículos que conducían 185.84 metros cúbicos de madera y uno con 20 toneladas de jade, valorado en 200 mil dólares americanos.
Cardona también celebró que cuentan con 20 agentes y más motocicletas; tendrán nuevo uniforme y más vehículos en marzo próximo; además se refirió a la buena coordinación interinstitucional que existió con la Procuraduría General de la Nación, la Procuraduría de Derechos Humanos, las municipalidades y el Ministerio Público, entre otras.