El terremoto del 7 de noviembre que afectó a miles de familias causando muerte, dolor y pérdidas millonarias pudo ser una oportunidad para que como guatemaltecos nos uniéramos más allá de la donación de víveres y dinero y nos involucráramos y exigiéramos una reconstrucción transparente para ayudar a los nuestros, dando paso además a una sana discusión de cómo erradicar las precarias condiciones de pobreza que siempre hacen que los desastres afecten a los mismos sectores de la población.

Por el contrario, fuimos muy bondadosos para atender, como sociedad, las primeras necesidades de la emergencia, es decir la entrega de víveres, ropa y creación de refugios, pero pasada la pena, nos volvimos a ocupar en nuestro diario vivir y nos olvidamos de los miles que fueron afectados  y que quedarán condenados a que algo nuevo les afecte. Es un calco de lo ocurrido en el pasado tras los desastres naturales que han afectado al país, salvo el terremoto del 76.

Con los desastres viene el famoso Estado de Calamidad y la autorización para comprar bienes y servicios, así como las contrataciones para la ejecución y supervisión de trabajos relacionados sin sujetarse a los requisitos de cotización y licitación pública. Si con una supuesta sujeción a la Ley de Contrataciones del Estado hacen micos y pericos en otros procesos de compra, ¿qué podemos esperar cuando todo se hace en secreto?

Contrario a las acostumbradas filtraciones de grupos de inteligencia que son parte de la redacción de algunos medios, una denuncia ciudadana, que no responde a la protección de otros intereses, menciona que la razón de la lentitud en arrancar con la reconstrucción responde a que dentro del Gobierno no se han puesto de acuerdo cómo se repartirán el negocio.
Basta ir a la página que el oficialismo lanzó con bombos y platillos haciendo alarde de transparencia http://reconstruyendoguatemala.secyt.gob.gt/ para darse cuenta que los detalles sobre los bienes adquiridos por parte del Estado, con un detalle del nombre o denominación social del proveedor, así como el material que éste provee y el precio, son inexistentes. Tampoco se sabe cuál será la entidad estatal que adquiere esos materiales.
Los guatemaltecos no sabemos qué entidad estatal está siendo el ente ejecutor de la reconstrucción ni el nombre de las personas naturales o jurídicas a las que el Estado les ha contratado bienes y servicios dentro del proceso de reconstrucción, además de los materiales. Fuentes dentro del mismo Gobierno hablan de la existencia de varias personas que están encargadas de tapar todos los hoyos y atar los cabos sueltos antes de publicar la información.

Los que vivimos con comodidades no podemos entender lo que es para mucha gente vivir en la pobreza, menos comprender lo que significa perder lo poco que se pudo haber tenido tras un desastre natural. Una cosa es hacer negocio con el puerto, con la Ley de telecomunicaciones, con la asignación de obra, pero otra es hacer negocio con la pobreza, con el dolor y la necesidad de la gente.

Para las personas olvidadas por el terremoto que llevan más de dos meses en refugios, en albergues, en la casa de un familiar donde ya de por sí vivían muchas personas, es inhumano que las cosas no caminen porque los altos mandos y su gente no se han puesto de acuerdo de cómo fraguarán el negocio y cómo repartirán las ganancias. No sería raro que estuvieran metiendo todos los materiales en una entidad jurídica (con testaferros) que luego le venderá al Estado, como ha ocurrido en otras ocasiones.

La gente necesitada si algo se merece es un proceso de reconstrucción que los ayude a salir adelante y no que los hunda más en su miseria, pero de la sociedad dependerá decidir qué reconstrucción quiere y exigir la publicidad de los detalles y, más importante, decidir si los beneficiados serán los pobres o los políticos en compadrazgo con algunos empresarios.