Son muy difusos y casi nulos los recuerdos que uno recupera o mantiene de 3 años de edad. Solo la memoria histórica y el registro sistemático sirven para observar el presente desde el pretérito en definitiva imperfecto. Corría el final de los sesenta y el principio de los setenta en aquel lugar sin nombre; el poder autoritario de los gobiernos de turno era implacable hacia la oposición inteligente y apegada a la verdad que implementaban distintos gremios y líderes honestos.
Solo había pasado poco más poco más de una década de la llegada del invierno conservador y anticomunista que hubo de ahogar la primavera democrática; aún los cambios y transformaciones sociales, políticos y económicos que se hicieron en aquel florecimiento capitalista de aquel lugar sin nombre, estaban implantadas y vigentes en la memoria de sus ciudadanos, y aún había vestigios en la institucionalidad del Estado que poco a poco empezaba a desmantelarse. Se diría que por la época se dio lo que se podría llamarse el último hálito socialmente organizado, en términos de una oposición cerrada desde el pueblo. La razón para considerarlo de esa manera radica, en la esencia de la represión cometida que tuvo por objetivo el desmantelamiento de determinadas garantías y logros, tanto jurídico institucionales como económicos, de lo que se había constituido en los cimientos una matriz de desarrollo capitalista. En otras palabas, las fuerzas el Estado de aquel lugar sin nombre reprimían a cualquier expresión organizada o no que se interpretara como comunista, que adversara el supuesto orden constitucional, pero sobre todo que demandara condiciones y derechos que molestaran el plan expoliador y acumulador que se gestaba ya para la época, por una oligarquía que destacaba a sus fuerzas militares, formales e informales. El soldadesco de turno de apellidos Arana Osorio decretaba Estado de Sitio con tal argumentación que su declaratoria oficial reconocía “guerra civil”. Los asesinatos y desapariciones a cargo de escuadrones sumaban cientos, apenas eran entonces como las cinco de la tarde del inicio de una anoche oscura, larga y profunda para aquella tierra innombrable. Una de las voces de reclamo y oposición sistemática la alzaba el abogado Adolfo Mijangos, diputado electo y que representaba al partido URD. Los hechos en torno a su asesinado están recogidos como uno de los “Casos ilustrativos” del Informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico, en el que se comprueba que por lo menos existió tolerancia del Estado, en los acontecimientos alrededor del hecho. Los argumentos y las ideas de Adolfo seguramente eran consideradas extremas, pero solo eran democráticas, eran opuestas al régimen instituido, eran justas, eran argumentos jurídicos acuciosos que revelaban los abusos del régimen. Entre otros, reclamaba la integridad del poder Legislativo ante la injerencia inconstitucional del gobernante Arana; defendió las garantías ciudadanas que eran desconocidas, ante el artilugio de reformar la Ley de Orden Público; denunció los atropellos de la Policía Nacional a la sombra de un maltrecho Recurso de Amparo que se trastocaba para reprimir a cualquier opositor; y se opuso desde su bancada, a las condiciones desfavorables bajo las cuales, el Gobierno finalmente concedió licencia de explotación a la minera de níquel, Exmibal. Hoy en el presente recupero la historia trágica de Adolfo Mijangos que era imposible con la inconciencia natural de hace cuarenta y dos años; la noche oscura se ha disipado pero la mañana está nubada, el edificio Horizontal en la 9ª. calle y 4ª. avenida está derruido y venido a menos, pero aún se impone ante el cadalso de su ejecución. Una silla de ruedas yace vacía, el hombre que la ocupaba dejó un legado de dignidad.