“Hay que ser remero antes de llevar el timón, haber estado en la proa y observado los vientos antes de gobernar la nave.” Aristófanes

Nuestro sistema en teoría es republicano, pero, en la práctica es presidencialista, aunque no se encuentre así constitucionalmente estructurado, el problema estriba en que la mayoría de las personas que ejerce y ha ejercido el empleo de presidente se han envanecido creyéndose dueños de la finca, nada más alejado de la legalidad, pero tristemente real, porque legítimamente cualquier cargo público es un empleo, por el que todos los funcionarios devengan un salario, asimismo, como cualquier ciudadano se encuentran sujetos a las leyes.

 El artículo 154 de la Constitución establece textualmente: “Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.” Este artículo se aplica a todos los funcionarios, especialmente al Presidente, ya que es el más visible.

Viene a colación lo anterior por el tan mencionado caso de la decisión presidencial de nombrar un nuevo gerente en el IGSS, surgen naturalmente las dudas de si se trata de una cortina de humo, o existen serios problemas de interpretación del equipo jurídico que apoya al presidente, o si él no escucha a sus asesores, otra hipótesis que alguien planteaba es el tema financiero, lo cual sería desastroso, pero en fin todas son puras elucubraciones, lo cierto es lo siguiente: Existe un marco jurídico en el país, dentro de este marco, se encuentra establecida en la Constitución la autonomía del IGSS; la Ley Orgánica del mismo que data de 1946, y sus reglamentos la desarrollan, toda esta normativa establece como funciona la institución, así como los períodos de ejercicio de sus directivos, y las formalidades para el cambio de los mismos, si la institución responde o no a las necesidades de la población es otro tema.

En todo caso, el Presidente de la República no tiene la potestad, ni legal ni moral para destituir al Presidente del IGSS, puede nombrarlo terminado el período, más no destituirlo, como asegura haberlo hecho ya, es preocupante esa actitud del mandatario, porque el mensaje que envía es que desconoce totalmente el sistema legal, y que el mismo no le importa, o lo irrespeta constantemente, situación inquietante, desde que en su primera campaña violentó la Ley Electoral y de Partidos Políticos siendo el primer partido que realizó propaganda anticipada, y eso que era su primera campaña.

Son un grave problema para la gobernabilidad del país, las acciones del Presidente, ya que le dejan como una persona a la que no le importan las leyes, y las pisotea cada vez que puede, y en forma más que recurrente, la pregunta sería ¿Sabe exactamente las implicaciones de sus declaraciones, o las hace a propósito para desviar la atención de otros temas más alarmantes? La duda flota en el ambiente, iniciando el segundo año de gestión, sobre el que hay mucha tela que cortar.