Carlos Aguilar, juez Segundo del Ramo Penal se excusó de continuar conociendo el caso contra los hermanos Valdés Paiz, sindicados en la muerte de Rodrigo Rosenberg. El argumento de la acción fue el informe en el cual la CICIG lo señaló.
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Para este día se tenía previsto que Luis Paz Mejía, brindara su declaración como colaborador eficaz dentro del caso contra los hermanos, Francisco José y José Estuardo Valdés Paiz, sindicados de homicidio en grado de complicidad, por ser los supuestos autores intelectuales de la muerte del abogado Rodrigo Rosenberg, ocurrida el 10 de mayo del 2009.
No obstante, al iniciar la diligencia, Carlos Antonio Aguilar, juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal, se excusó de seguir conociendo el proceso, argumentando que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), querellante adhesivo en el caso, lo denunció y lo señaló de corrupto, en el informe denominado, “Los jueces de la Impunidad”.
En el segundo capítulo de dicho documento, la entidad internacional lo señala de ser parte de los jueces “que con sus resoluciones han favorecido estructuras criminales que adversan la presencia de la CICIG en Guatemala”.
Por aparte, Aguilar también indicó que tiene amenazas, que ha recibido “presiones”, y que no aceptaba ninguna de estas acciones para emitir sus resoluciones.
El togado también aseguró que presentaba la excusa, con el propósito de desentrampar el proceso contra los hermanos Valdés Paiz, quienes se entregaron el 28 de junio de 2010, y desde entonces llevan 29 meses en prisión.
ACEPTAN
En tanto, la defensa lamentó la decisión pues a criterio de los abogados, Aguilar ha sido un togado intachable.
César Calderón, abogado de los señalados, dijo: “No cabe duda que entre los aspectos subjetivos de su excusa, se ve que no se puede trabajar con la presión que se le impone, con una amenaza latente, con el acoso de la CICIG”, y agregó que respetaban la decisión del juzgador.
Asimismo la Comisión aceptó la excusa y aclaró que no están retrasando maliciosamente el caso, sino que buscan depurar el proceso penal, para llegar a una etapa de debate “limpia».
Durante su intervención, Verónica Ponce, representante de la CICIG, manifestó que la entidad no tiene ningún interés personal hacia ningún individuo y hacia ningún funcionario, “lo que está haciendo es dar cumplimiento a su mandato, que es solicitar que todas las diligencias se realicen de conformidad con la ley”.
También enfatizó que están tratando de depurar el caso, para “llevar un proceso limpio a juicio, que haya cumplido con todos los requisitos legales”.
El recurso planteado esta mañana por el juez Aguilar, será elevado a la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, para que designe al nuevo juzgado que conocerá el caso.
En relación a la declaración de Paz Mejía, Ponce manifestó que el periodo de investigación ya ha terminado, puesto que desde diciembre del 2010, el ente investigador presentó la acusación formal en contra de los hermanos Valdés Paiz.
Además, Paz Mejía, indicó a periodistas que quiere presentar su declaración como anticipo de prueba.
La Corte de Constitucionalidad (CC) ya ordenó que el Juzgado Segundo efectué la diligencia, puesto que dicha persona afronta una enfermedad terminal.
“Aberración” jurídica
Javier Monterroso, asesor del MP, calificó como una aberración jurídica que algunos jueces solicitaran a la Fiscalía que indicara la dirección a notificar, antes de darle trámite a los antejuicios derivados del informe “Los Jueces de la Impunidad”, de la CICIG, pues según indicó, es totalmente innecesario.
Según informó Eduardo Cojulún, Walter Villatoro, y Oscar Sagastume, de los juzgados Undécimo, Décimo y Tercero, enviaron previos al MP solicitando la dirección, lo cual consideran acciones incorrectas, puesto que han tenido innumerables resoluciones de casos donde no ha sido indispensable dicho requisito, y que con esto se revela que no existen criterios judiciales homogéneos, sino que dependen de cada juez.
Monterroso agregó que recibieron la notificación de la inhibición de Judith Secaida, juez Quinto Penal, quien dio trámite a la solicitud de retiro de inmunidad en contra de Cojulún, y a cuatro magistrados de sala.