Sus luchas personifican muchas otras que se hacen en el silencio, por diversas razones, pero no por ello dejan de ser tan valiosas y alentadoras en una sociedad en donde es más fácil claudicar que seguir luchando

“No hay paz sin justicia, no hay justicia sin perdón”, dice una frase de Juan Pablo II.  En Guatemala lo saben en la organización Refugio de la Niñez, los viudos que dejó el atentado contra las Rutas Quetzal, la familia Siekavizza, los deudos de los fallecidos por el robo de un celular y millones de personas más que son víctimas de la falta de aplicación de justicia o de las deficiencias del sistema judicial.  Estas personas mantienen la firme convicción de seguir adelante en su lucha contra la impunidad, a pesar del tiempo y las circunstancias complicadas que afrontan, mientras el sistema no responde por las víctimas, ¿Cuánto más hay que esperar por la justicia?

SE LES ESTÁ NEGANDO LA JUSTICIA
Leonel Dubón, director de Refugio de la Niñez, es uno de los principales promotores de los derechos de la niñez y la adolescencia en el país.  Ha acompañado decenas de casos donde se han violentado física y sexualmente a niñas, niños y adolescentes.

Uno de las tantas historias que conoció la organización fue el de Vidal Vásquez Arriaza, hermano del exalcalde de Chisec, Alta Verapaz, quien fue dejado en libertad el año pasado, tras haber sido sindicado de abusar sexualmente de su hija adolescente y físicamente de sus hijos pequeños.

Según los expedientes de la causa, el sindicado agredía a su esposa, quien huyó en un momento de desesperación, tras escapar de su victimario cuando habría sido enterrada viva.  Ella abandonó a sus hijos, quienes se quedaron con su cónyuge.

La primera vez que el acusado abusó de su hija, de acuerdo con la denuncia de Dubón, fue cuando estaba en estado de ebriedad.  La levantó en la madrugada y la obligó a bañarse.

“Ella relata y en los informes psicológicos está consignado que la primera vez que la abusa, él llega en estado de ebriedad en la madrugada, la despierta y se la lleva a la pila en el patio de la casa, entonces la desnuda totalmente y la obliga a bañarse con agua de la pila, le dice que está sucia y que tiene que bañarse porque a partir de ese momento va a hacer su mujer y la necesita limpia; es la primera vez que él la violenta sexualmente, en marzo de 2011, se presenta la denuncia y son rescatados los niños por la Procuraduría General de la Nación (PGN)”, explica.

El número de expediente que contiene la denuncia es MP 701 2011-449, el debate inició un año después, el 13 de julio de 2012 y finalizó el 29 de agosto. Dentro de las pruebas que se presentaron está la declaración de las niñas, existe dictamen del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), informes de trabajo social o peritajes presentados y un informe psicológico de la PGN como pruebas presentadas por nosotros, explica el activista.

Según dice, durante el proceso hubo dos momentos en el que intervienen dos jueces, el de Primera Instancia Penal, que es el que escucha a la niña en prueba anticipada y posteriormente lo conoce el juez de Sentencia, Walter Fabricio Rosales Hernández, que es un juez unipersonal del Tribunal Primero de Sentencia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente en Alta Verapaz.

“Nosotros presentamos una queja en contra del juez de Alta Verapaz por la forma como se resolvió el proceso, porque el juez en su argumentación absuelve al sindicado por el delito de violación, a pesar que reconoce que sí se dio el hecho, lo absuelve bajo el argumento que el proceso no fue bien conducido por el juez de Primera Instancia, argumentando que el juez debió preguntarle a la niña si quería declarar en la prueba anticipada en contra de su propio padre, por esta omisión él lo deja libre, no solo comete el primer error el juez de Primera Instancia, sino que comete otro error él porque ordena la libertad inmediata, no dando lugar a la apelación”, manifiesta.

El director de Refugio concluye en que “se les está negando el acceso a la justicia a los niños y a las niñas; se les expone al atreverse a denunciar, pero los violadores los están buscando.  En este caso delegamos la responsabilidad de lo que le suceda a las víctimas, a las resoluciones que emiten los jueces”.

“NI UN DÍA DE PAZ”
Jorge Efraín Cac perdió a su esposa y a sus hijos cuando un explosivo estalló en el bus de las Rutas Quetzal, donde había sido colocada una bomba incendiaria el 3 de enero de 2011. Han pasado dos años del suceso y todavía no se conoce una sentencia para los pandilleros que planificaron y ejecutaron el atentado. Precisamente para el día de hoy fue programada la audiencia de  presentación de pruebas, donde darán a conocer los medios para enjuiciar a los señalados.

La vida del deudo ha cambiado completamente, a pesar que ha tratado de reconstruirla; admite que existen momentos en los que se distrae con facilidad, sobre todo cuando recuerda a sus seres queridos, que un día se fueron en el bus que nunca regresaron.

“Yo sueño a mis niños, sobre todo al más grande, que me pregunta por qué lloro, pero me dice que siga adelante.  Son cosas que nunca olvido y es lo que me ayuda a esforzarme día con día.  Mis hijos abordaron un barco y ese barco es el que yo busco, me voy a esforzar para encontrarlo cuando yo me vaya directamente a verlos, pero será hasta que termine el juicio”, dice.

Cac admite que no ha tenido ni un solo día de paz por esa lucha constante, sin embargo, aún tiene fe que alcanzará la justicia anhelada. “Yo no he tenido ni un día de paz, todas las luchas siguen, llevo dos años con este caso. Mis vecinos me preguntan ¿cómo aguanto?, yo ya no aguanto, pero le prometí a mis hijos que iba a llegar hasta el final”, comenta.

El entrevistado concluye en que cuando termine esta “pesadilla”, le gustaría salir del país, aunque no tiene las oportunidades para hacerlo, espera que las autoridades le ayuden, pues sobrellevar esta situación con los recuerdos, “no es fácil”, refiere.

El caso de don Jorge, es similar al de Patricio Plata, el Policía Nacional Civil (PNC), que también perdió a su esposa en esa unidad de transporte. El viudo se quedó con cinco niños a su cargo, aunque dice que lentamente supera la pérdida de su esposa, explica que su vida no ha sido fácil, sobre todo porque el caso no avanza como se desearía.

“La justicia es lo que da paz en el interior, es algo también que viene a ayudar a nuestra Guatemala, porque en ellos se reflejan las buenas acciones de las autoridades judiciales, pero en nuestro caso, todo eso ha quedado muy mal porque no hay sentencia, ya pasaron dos años y todavía no se ha hecho nada”, dice Plata.

El deudo exige a las autoridades que sean conscientes para que se haga justicia, porque “una injusticia tan dolorosa no puede quedar así”.  “Espero que el Ministerio Público (MP) y las autoridades involucradas en esto se esfuercen un poco porque si no se hace un esfuerzo hoy, cosas peores vienen mañana para cualquiera de los ciudadanos guatemaltecos”, lamenta.

Don Patricio explica que la situación económica en su hogar es difícil, el gobierno anterior le ofreció becas para sus hijos y otro tipo de ayuda, sin embargo, la asistencia nunca llegó.

“UNA CARGA EMOCIONAL MUY FUERTE”
Los padres de Cristina, Juan Luis y Ángela Siekavizza, son ejemplo de fortaleza para miles de guatemaltecos, pese a los obstáculos que encontraron en este oscuro camino para alcanzar la justicia, no han desistido ni un segundo para encontrar a sus nietos María Mercedes y Roberto José.  La última información que se obtuvo del caso es que no se había nombrado al juez contralor.

A pesar de las diligencias realizadas, un año y medio después de la desaparición de Cristina Siekavizza, no existen rastros de ella, tampoco de sus hijos, quienes un día fueron arrebatados del seno familiar por Roberto Barreda, según las investigaciones del Ministerio Público (MP).

A los esposos Siekavizza Molina se les ha visto caminar por las calles del país para pedir justicia, acudir diligentemente a los tribunales y desarrollar un activismo contra la violencia de género, pero a pesar de la fortaleza que demuestran, consideran que es una “carga emocional muy fuerte”.

El padre de Cristina, Juan Luis, conversó con La Hora y reiteró que “la pérdida de los nietos y la imposibilidad de no encontrar a nuestra hija, es una impotencia; por más vueltas que se dan no se logra avanzar, es una carga emocional muy fuerte”, expresa.

A pesar de las circunstancias, la familia dice que continuará batallando, hasta tener bajo el resguardo a los niños, que un día fueron arrebatados. La fe los mantiene de pie, indican.  Pero ¿Cuánto más tienen que esperar?

POR UN CELULAR
Kimberly Jessenia Zarat Pérez, de 16 años, murió en un bus urbano el 4 de diciembre del año pasado, tras ser asaltada por delincuentes que le exigieron el celular. La jovencita se negó a entregar el móvil y fue atacada por los maleantes, quienes le dispararon y se dieron a la fuga.

Su caso se suma, al de Francisco Alejandro Chacón, de 26 años, quien murió en agosto pasado, tras ser víctima de un asalto cometido por maleantes que pretendían robarle el teléfono.

Mientras tanto, las víctimas mueren, hasta hoy las empresas telefónicas y la sociedad civil no logran llegar a un consenso que permita a las autoridades del Organismo Legislativo aprobar pronto las disposiciones regulatorias que castiguen a quienes delinquen y promueven actos al margen de la ley.

Las historias son una mínima muestra de los casos que permanecen en la impunidad debido a que nunca llegan a ser conocidos por los Tribunales de Justicia o bien, que no son atendidos de forma correcta.

Los entrevistados coinciden en que a pesar de las complicaciones que el sistema impone a las víctimas y sus familiares para encontrar la justicia, es necesario continuar en pie y no claudicar en la lucha contra la impunidad.