Hoy no empieza únicamente el segundo año del actual gobierno, sino también el segundo período de la actual Legislatura y es importante tomar en cuenta ese detalle porque el Congreso de la República es o tiene que ser vital para el funcionamiento de cualquier democracia representativa y en el nuestro ocurre que todo se estanca y únicamente se aprueban leyes que tienen una etiqueta muy especial y que reúne “motivaciones” suficientes para sacar de su letargo a los diputados, como pasó con la Ley de Telecomunicaciones.

Empieza el período legislativo como terminó el anterior, es decir, en medio de numerosas interpelaciones que no persiguen el voto de censura para ninguno de los funcionarios convocados, sino que básicamente sirven para detener el trabajo de los diputados en el área puramente legislativa. Las interpelaciones son un mecanismo muy sano de la democracia porque constituyen, al fin y al cabo, la máxima expresión del control que debe realizar el Congreso de las labores del Legislativo dentro del sistema de pesos y contrapesos que caracteriza a los modelos republicanos.

Mediante la interpelación se pueden exigir cuentas a un ministro de Estado con tal fuerza y poder que teóricamente podría enfrentar un voto de censura que significaría su remoción del empleo como servidor público. Sin embargo, la forma en que funciona nuestro Congreso dista mucho de lo que hacen otros parlamentos en el mundo y por ello aquí la interpelación ha sido desvirtuada profundamente para convertirse en un instrumento del filibusterismo para entrampar la agenda del Congreso.

La práctica no es nueva y el mismo partido oficial actual la utilizó reiteradamente en el pasado cuando estaba en la oposición y ahora lo hace su principal opositor. El problema es que el país es el que sufre las consecuencias de la falta de diligencia en la labor legislativa, puesto que hay cuestiones fundamentales que duermen el sueño de los justos. No extraña que la Ley contra el Enriquecimiento Ilícito haya pasado más de diez años revoloteando en el Congreso antes de ser aprobada con los dientes bastante minados. Tampoco extraña que las leyes para prevenir el robo de celulares estén entrampadas y como ellas todas las que son fundamentales para beneficio del país.

El reto para el período actual es muy grande porque los asuntos pendientes son muy variados e importantes. No dependerá únicamente de la Junta Directiva, sino de la voluntad de todos los diputados para empezar a trabajar y, lo más importante, hacerlo honestamente pensando en el país y no en sus particulares intereses y en el bolsillo que engorda con algunas leyes.

Minutero:
Que nadie se llame a engaño
pues no habrá cambio radical
y aun empezando el segundo año
lo importante ha de quedar igual