Se ha desatado una controversia de carácter jurídico, con ribetes de polémica mediática, acerca de la decisión del Presidente de la República de destituir al presidente de la junta directiva del IGSS, Luis Reyes Mayén, esgrimiendo argumentos que tendrían sustentación si en Guatemala se respetara el estado de derecho y que, en consecuencia, todas las acciones que ejercen las autoridades estuvieran ceñidas a la letra y el espíritu de la Ley.

Pero no es así. Ni quienes respaldan al gobernante pueden apoyarse en normas que regulan el funcionamiento del régimen de seguridad social, ni los que apoyan al que encabeza esta institución tienen la autoridad moral ni legal en sus razonamientos, porque en los dos ámbitos se ha violado frecuentemente el sistema que aspira a que se respeten normas vigentes que persiguen que todas las actuaciones de servidores públicos se fundamenten en el ordenamiento legal, desde elementales reglamentos de fácil cumplimiento hasta la cúspide constitucional que demanda riguroso acatamiento de sus preceptos.

Si el Presidente pretende el saneamiento del IGSS debería instruir al Ministerio de Finanzas Públicas que inicie el pago del adeudo millonario que el Estado ha contraído con el régimen de seguridad social, y exigir, asimismo, que todos los patronos individuales que se encuentran en mora honren sus deudas con el Instituto. Luego, si ha transcurrido un año desde que asumió el poder, puede esperar nueve meses más para que se cumpla con el período que, según alegan los seguidores de Reyes, debe culminar, según su particular interpretación de la ley orgánica de esa institución.

Por su parte, este funcionario ya cumplió suficientes años de estar al frente del IGSS, aunque los primeros dos con carácter temporal, y que, por lo tanto y de acuerdo con la opinión del Gobierno, superó los seis años del período que le corresponde, incluyendo los que suplió a su antecesor, que renunció a causa de la enfermedad que le aquejaba, y, consiguientemente, por simple y mera dignidad personal Reyes Mayén debería renunciar, sobre todo porque está a la vista que ni la autoridad superior del Estado ni muchos grupos de empleados y funcionarios del Instituto desean su presencia en el cargo, y ese empecinamiento despierta suspicacias en torno a intereses inconfesables encaminados a cubrir presuntos indicios o evidencias de supuestas negociaciones que no se caracterizarían por su transparencia.

Como fuere y al margen de lo que resuelva la Corte de Constitucionalidad al respecto, lo prioritario, en todo caso, lo constituyen los derechos de afiliados, pensionados y beneficiarios del seguro social, que han pasado a remota categoría en la escala de intereses del IGSS, y a los cuales les importa un bledo quién preside al Instituto, sino lo que les urge es que sus necesidades sean atendidas satisfactoriamente, sobre todo cuando es su vida la que está en juego, mientras miles de trabajadores esperan en vano recibir su ansiada y tardía pensión.

(El doctor Romualdo Tishudo dice que la mitad de pacientes muere pese a los esfuerzos médicos y la otra mitad vive a pesar de los errores médicos).