Activistas de Derechos Humanos se encuentran satisfechos por la decisión del presidente Otto Pérez Molina, por la derogatoria del Acuerdo Gubernativo 370-2012, que restringía la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para conocer casos de violaciones a derechos humanos (DD.HH.) durante el conflicto armado interno anterior a 1987.

Luego de una reunión con representantes de organizaciones pro derechos humanos, el presidente Otto Pérez Molina anunció que derogó el Acuerdo Gubernativo 370-2012, por medio del cual el Estado de Guatemala no reconocería las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violaciones ocurridas antes de 1987.

Helen Mack, de la fundación Mirna Mack, indica que es una decisión correcta, “rectificar es de sabios”, puesto que existían varias razones por las cuales era pertinente derogar dicho acuerdo.
 
Una de las razones para la derogatoria era porque se encontraba mal hecho, “no se podía aplicar”, segundo para el procedimiento que se pretendía tampoco era el procedimiento adecuado “porque se tiene que denunciar, no se hace reserva porque la reserva ya la hizo Guatemala”, y luego afectaba la política pública que se venía abriendo y aplicando desde que se firmó la paz, “obviamente esa medida lo que hacía era tener un retroceso en materia de derechos humanos”.

Según Mack desde la perspectiva política tampoco le era conveniente un desgaste, porque el hecho de limitar la competencia de la CIDH, de todas formas la corte tenía la potestad de conocer los casos incluso hasta el día que se hace la denuncia, “entonces tampoco era que se iba a librar de los casos que ya están en la Comisión y la Corte”.

Entre tanto Jorge Santos director del Centro Internacional para Derechos Humanos (CIIDH), indicó que “no se esperaba menos, de un acuerdo que hacía retroceder al país en tema de impunidad y de política de resarcimiento de las víctimas del conflicto armado interno”.

Santos dijo que el presidente Otto Pérez Molina, opto por el camino efectivo de los solicitado por las organizaciones de derechos humanos, pero que se debe estar atento a los próximos pasos que se pueden ir generando pendientes de garantizar la impunidad por delitos del pasado.

Además señaló que las declaraciones del Presidente no son las más certeras en cuanto a que no se debe de dar una mala imagen en materia de derechos humanos, ya que no es un tema de imagen sino de justicia transicional, del derecho humano a la verdad, del acceso a la justicia, de la reparación integral, que “son los únicos elementos que llevaran a la reconciliación y garantizar que los lamentables hechos del pasado no vuelvan a ocurrir en el país”.

Mario Polanco del Grupo de Apoyo Mutuo, considera que con este acuerdo existía la intención de provocar impunidad en los casos de violaciones de derechos humanos, pero por la pronta intervención de la sociedad y de las organizaciones se generalizó el sentimiento de rechazo a esta medida.

Además, señala que no se descarta que el Gobierno siga en búsqueda de otros mecanismos para evitar que se llegue a la justicia tanto en el ámbito nacional como internacional, puesto que la actitud del actual secretario de la Paz Antonio Arenales Forno, ha sido de cabildear y promover que los juicios que se llevan en el ámbito nacional terminen.

Sin embargo “celebramos” que se haya tomado esta decisión puesto que fue una medida  correcta de parte del Presidente, “vemos con preocupación que es un nuevo revés que sufre y un nuevo error que ha tenido que dar marcha atrás”.