Es sabido que en materia legal existen interpretaciones diversas de algunas normas que para ciertos abogados establecen un tipo de comportamiento, cosa que en muchas ocasiones no comparten sus colegas. Por ello es que cada dependencia de la administración pública tiene su departamento jurídico para que dictaminen sobre la legalidad o ilegalidad de los actos de la administración a la luz de las normas legales y la Constitución asigna al Procurador General de la Nación el papel de ser el principal asesor legal del Estado.

Sin embargo, hay algunos gobiernos que tienen abogados con muy pobre criterio legal a cargo de brindarles asesoría y por ello se meten a embrollos de gran envergadura. Hace pocos días el Gobierno de Guatemala publicó un acuerdo gubernativo en el que se sustrae al Estado del ámbito de jurisdicción de la “Corte Interamericana de Justicia”, entidad que no existe porque según el contexto, se referían a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
 
 Ahora estamos frente a la controversia por el caso del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, reducto fundamental por los intereses que allí se manejan y los negocios que se hacen con los fondos de los trabajadores y empleadores que cotizan en el Seguro Social. El Gobierno sostiene que tiene plenas facultades para remover al Presidente de la Institución, el señor Reyes Mayén, mientras que éste y su Junta Directiva se aferran a que el período para el que fue nombrado no ha vencido. No olvidemos que el señor Reyes Mayén asumió la Presidencia cuando su antecesor, Carlos Torrebiarte, se retiró por la grave enfermedad que al final le costó la vida.
 
 Para el Gobierno sería fatal que Reyes Mayén le gane la partida legal. Ya influyó bastante en algunos medios a los que les paga abundante publicidad para que le defiendan y seguramente que se jugarán con él para apuntalarlo. Sin embargo, lo que cuenta y debe contar es el aspecto legal y el gobierno y sus abogados tienen que demostrar que están en ley al proceder a la destitución del actual Presidente de la Institución.
 
 Es indispensable que los gobiernos enmarquen todos sus actos en la ley y para ello tienen que tener profesionales del derecho competentes que se encarguen de ilustrarles para evitar arbitrariedades como la que se quiere cometer en el caso de la CIDH o como se hizo ya con Puerto Quetzal, en donde el manoseo legal ha resultado absolutamente patético, poniendo en tela de duda el interés del Gobierno al final por respetar el régimen de legalidad en el país.

Minutero:
El IGSS con su presidente
quiere sentar precedente:
darle tortazo al Gobierno
y mandarlo p´al infierno