Corría noviembre de 2001 y recuerdo como si fuera ayer, la celebración del Foro Nacional: La Modernización de las Finanzas Municipales. El mismo era apoyado, nada más y nada menos que por dos agencias internacionales de peso, como lo son la GIZ alemana y la USAID del Gobierno estadounidense. En dicho foro se abordó precisamente la problemática de Fonapaz y de los gobiernos locales.

Una propuesta técnica de dicho seminario era la de fusionar los fondos existentes, siendo éstos el FIS, Fonapaz y el Fondo de Solidaridad y Desarrollo Comunitario (FSDC), para considerarlos como verdaderos instrumentos del desarrollo local,  y que venían manejando una cantidad considerable casi similar a la que se administraba con el aporte constitucional a las municipalidades.

Se criticaba en tal oportunidad que tales fondos sociales funcionaban en forma paralela a los gobiernos locales, y no existían adecuados mecanismos de coordinación. Adicionalmente, el Instituto de Fomento Municipal –Infom– venía haciendo de las suyas, coordinando acciones con los bancos comerciales del sistema, para inyectarle más recursos a la inversión descentralizada de las regiones, lo cual ha conllevado una ola de nieve de endeudamiento municipal.
En tal oportunidad ya proliferaban otros fondos en fideicomiso como lo eran: Fodigua, Pronade, Fonacon, Foguama y el Fondo Vial, entre otros. Tal era el relajo, que ya para el año 2000 tales vehículos institucionales canalizaban al desarrollo local más del 10 por ciento del presupuesto de la Nación.

Se mencionaban así problemas como la poca articulación territorial y sectorial, la duplicación de esfuerzos en obras y recursos, la utilización ineficiente de recursos, la escasa atención a la planificación global y territorial, la preferencia por inversiones de ladrillo y cemento, la poca vinculación con el sector privado local y, por sobre todo, la injerencia político partidista en la asignación de recursos.

La propuesta de reforma apuntaba entonces a la unificación, pero ante todo a una mayor articulación con los ministerios y la planificación estatal. El tema entonces tenía que ver con los consejos de desarrollo, con el sistema municipal, con la inversión ministerial y en general con el desarrollo urbano y rural.

Hoy tan sólo se habla con extrema simpleza, que todos los restos de Fonapaz irían a depositarse al recién creado Ministerio de Desarrollo Social, el cual aún se encuentra poco articulado como para hacerse cargo de la amplia gama de proyectos que han sido acaparados por Fonapaz.
Contrario a lo que aconteció en época de Berger con el Fondo de Inversión Social –FIS–, el Fonapaz resulta ser un monstruo institucional que no obedece a un proceso sencillo de “liquidación contable”, sino más bien a un proceso de refundación del Estado guatemalteco, principalmente en materia de ejecución de proyectos de desarrollo.

Tal monstruo construye escuelas, ejecuta vastos programas de cooperación técnica y de financiamiento externo, y su ampliación ha sido tan abultada que el año pasado, por motivos puramente políticos absorbió todas las actividades del FIDA, siendo éste un importante nicho de cooperación y financiamiento de las Naciones Unidas, dedicado al desarrollo rural y al combate al hambre y la pobreza, por medio de políticas agrícolas de fortalecimiento de los mercados internos.

Rico sería el análisis, si la estrategia apuntara a vincular los restos del monstruo al sistema municipal, al de los consejos de desarrollo y a las iniciativas de apoyo rural, tan de moda en estos días.