El Ministerio Público (MP) trasladó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la solicitud de antejuicio en contra 10 de jueces y 3 magistrados de la Corte de Apelaciones, derivado del informe de la CICIG.
jgarcia@lahora.com.gt
Para hacer la petición, la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público trasladó 11 memoriales donde se exponen los mismos hechos contenidos en el informe “Los Jueces de la Impunidad”, de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en contra de 18 juzgadores.
Los mismos fueron presentados en Gestión Penal, y remitidos a juzgados de Primera Instancia. Según Javier Monterroso, asesor del MP, en los próximos tres días estos deberán ser remitidos a la CSJ, para que los magistrados decidan si procede o no el retiro de inmunidad.
DIEZ JUECES Y TRES MAGISTRADOS
Los jueces sobre quienes la CSJ deberá resolver si retira la inmunidad y da luz verde para que el ente investigador realice las pesquisas son: Carlos Antonio Aguilar, Silvia Coralia Morales, Artemio Tánchez, Sergio Leonel Castro Romero, Silvia Violeta de León Santos, Julio Gerónimo Xitumul, Mario Peralta, Rosana Mena Guzmán, Verónica Galicia Marroquín y José Eduardo Cojulún.
Mientras que los magistrados de la Corte de Apelaciones son: Fausto Corado Morán, Héctor Echeverría, y Byron de la Cruz.
CINCO QUEDAN FUERAN
Monterroso explicó que al depurar el informe, el ente investigador dejó fuera a cinco jueces, ya que contra ellos se habían promovido antejuicios que fueron declarados improcedentes.
“No se les presentó antejuicio en este momento porque con anterioridad se promovió y fueron declarados sin lugar por la CSJ”, reiteró.
Los togados que quedaron fuera de la petición son: las juezas Patricia Anabella Veras Castillo y Coralia Carmina Contreras Flores, donde la CSJ declaró improcedente la solicitud emitida como consecuencia de absolución del delito de peculado en favor del otrora presidente de la República Alfonso Portillo.
La misma situación se encontró en el caso de la jueza Irma Leticia Valenzuela y Dina Josefina Ochoa Escribá, de quienes la Corte ya dictaminó que el recurso no procedía.
Tampoco se siguió el trámite en contra de Amílcar Colindres, juez de Primera Instancia del Municipio de Santa Rosa, puesto que el MP ya promovió la acción, por haber favorecido a Carlos de León Argueta, exfiscal general, con un amparo provisional, en un proceso que no correspondía a la judicatura del togado.
REACCIONAN
Carlos Antonio Aguilar, juez Segundo del Ramo Penal, señalado de “favorecer estructuras criminales que adversan la presencia de la CICIG en Guatemala”, haciendo referencia al caso Rosenberg manifestó que analizará la denuncia y estará pendiente del trámite en la Cámara de Amparos y Antejuicios.
“Estaremos atentos y vamos a defendernos”, indicó, y agregó que “los argumentos de la CICIG carecen de consistencia en cuanto a los hechos en mi contra”.
También dijo considerar que los señalamientos son subjetivos y que respecto a él, la situación se debe más “al papel que yo tuve como presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados en el 2011”.
Por su parte, Eduardo Cojulún, juez Undécimo del Ramo Penal, manifestó que espera que los magistrados de la CSJ tomen una decisión adecuada en su caso, pues asegura que nunca ha colaborado con poderes difusos, como señala la Comisión.
Fuerza de tarea
La conformación de la Fuerza de Tarea contra la Corrupción se encuentra estancada desde hace siete meses. Según la vicepresidenta Roxana Baldetti, no ha sido concretada porque el Ministerio Público no ha dado su firma. La semana pasada, Baldetti se reunió con la Fiscal General, Claudia Paz y Paz. Durante la cita, se habría entregado un listado con denuncias por corrupción que no han avanzado, informó la vicemandataria, para que se les dé seguimiento. La Vicepresidenta dijo que se trabaja en elaboración de un código de ética a nivel nacional, para evitar corrupción por las dos vías: funcionarios y privados.