En Guatemala cualquier mecanismo administrativo que busque eficiencia se termina convirtiendo en escudo de la corrupción y lo mismo pasa con los fideicomisos constituidos con dinero público que con los contratos abiertos que debieran ser negociados periódicamente para ajustar los precios, pero que simplemente se van prorrogando porque los que contempla ya son garantía de jugoso negocio para proveedores y compradores.

Desafortunadamente en Guatemala hay expertos en manejar las cosas de manera perversa y que utilizan cualquier vericueto de la ley para su propio beneficio. Definitivamente necesitamos una administración pública ágil que pueda enfrentar sin tanto papeleo y demora las necesidades de la población, pero esa necesaria celeridad se ha convertido en argumento para realizar cualquier clase de negocios evadiendo los necesarios controles que se imponen por la podredumbre que campea en las esferas de poder de nuestro país. Y digo esferas de poder porque no quiero restringir el término de la corrupción únicamente a los políticos de turno, puesto que ellos pueden hacer las cosas gracias a la complicidad que mantienen con los sempiternos y eternos socios que operan en el sector privado como los proveedores de artículos que conforman la danza de la podredumbre en nuestro país.

En los últimos años el contrato abierto de las medicinas, por ejemplo, es una muestra de cómo los más fuertes competidores en la venta de algunos productos, como las medicinas, se pueden poner de acuerdo para utilizar ese mecanismo para hacer un reparto de pastel que deja a todos satisfechos. Nadie critica ni cuestiona la prórroga del contrato abierto, porque todos salen ganando con la jugada luego de una especie de reparto equitativo que viene desde el régimen de Colom, cuando se hizo ese pacto entre proveedores para que nadie alborote el hormiguero y todos queden contentos.

Pienso que definitivamente nuestro proceso de compras y adquisiciones necesita una reingeniería que permita eficiencia y control de la calidad del gasto. Pero es realmente la apuesta del millón la que hay que hacer para lograr esa combinación de factores que harían una diferencia enorme en la función misma del Estado. El problema es que se requiere de un conjunto de diputados no sólo competentes y capaces en el plano administrativo, legal y económico, sino que además sean éticos y decentes en su proceder. Y como hubiera dicho Cantinflas, Ahí está el detalle, puesto que es precisamente eso último lo que no tenemos a la vista y lo que no podremos tener como certeza de que el país va a tener un cambio significativo.

Lo cierto del caso es que el erario es un pastel que está ya debidamente repartido y que no hay forma de sanear nuestras finanzas, porque es demasiado lo que está en juego. Aquí no importa si alguien es nombrado o destituido, porque de todos modos los costos de cada sector están debidamente trazados y llegue quien llegue, no hace sino acomodarse con lo que ya está establecido.

En el caso de los cambios en el Seguro Social, por ejemplo, podemos asegurar que no habrá una modificación radical en el comportamiento, ni para bien ni para mal, porque ya todo está pactado y se venía actuando de esa forma con la administración que está por fenecer.

Aquí no tenemos instituciones que sean o hayan sido inmunes al proceso de la corrupción y podredumbre que es la característica esencial de la gestión pública en Guatemala. Y no habrá tampoco en el futuro inmediato alguna que se vaya a librar de las mañosas prácticas porque, al fin y al cabo, aquí nuestros gobernantes llegan con el único y exclusivo mandato de ir a hacer pisto y a repartirse negocios con los financistas que les ayudaron.