El presidente de la República, Otto Pérez Molina, se reúne hoy con grupos de Derechos Humanos para analizar la situación derivada del acuerdo que restaría competencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre casos previos a marzo de 1987.

Según Helen Mack, una de las convocadas, el mandatario pidió la cita para conocer los puntos de vista de las diferentes organizaciones respecto del Acuerdo 370-2012, que aclaraba la reserva del Estado de Guatemala hacia la competencia de la CIDH, que según la experta, no tendría validez, empezando por la forma en que fue redactado, que sería de una manera mediocre, pues hace referencia a un organismo que no existe.

Las otras organizaciones convocadas son el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), la Procuraduría de Derechos Humanos y excomisionados presidenciales de DDHH. CALDH y la Fundación Mirna Mack, estarían litigando procesos en la CIDH.

Según el presidente Otto Pérez Molina, en una entrevista radial, el Estado ha pagado sumas millonarias por fallos de la Corte,  incluso a extranjeros, que sería algo que se debe revisar. Agregó que los fallos de la CIDH no son contra personas sino contra el Estado, que debe pagar con recursos de los guatemaltecos.

Según Mack, quienes elaboraron el Acuerdo, expusieron al mandatario a quedar en “ridículo”, pues no se podría tomar tal medida contra el derecho internacional.

Pérez afirma que otros gobiernos no defendieron al Estado, pero que con esa pasividad, vinieron los resarcimientos morales y económicos. Declaró que el Gobierno está a favor de la justicia y no niega que hubo abusos durante la guerra. No se debe olvidar el pasado, para no repetirlo, pero los problemas actuales son otros, acotó.

Si se afecta el derecho de un solo guatemalteco, Pérez dijo que se mantendrá suspendido el acuerdo como hasta el momento.