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El malestar y temor entre empresarios y medianos agricultores se extendió desde el viernes, cuando un matrimonio de ancianos murió calcinado durante un ataque a su hogar en Vilcún, en La Araucanía, 800 kilómetros al sur de Santiago.

El estado de sitio puede dictarse en casos de guerra interna o grave conmoción interior y faculta al Presidente para restringir por 15 días los derechos de reunión y desplazamiento. Puede renovarse por dos semanas con permiso del Congreso.

«Por ahora la ley antiterrorista pensamos que es lo más eficaz», respondió el domingo el ministro del Interior, Andrés Chadwick, luego de reunirse con el presidente Sebastián Piñera en el palacio de La Moneda, la sede de gobierno. En la cita participaron otros ministros políticos y el director de la Agencia Nacional de Inteligencia, Ani.

«Lo que tenemos aquí es un movimiento terrorista que está haciendo ataques en distintos lugares, en forma precisa, por eso se necesita la acción policial y colaboración de la ciudadanía», insistió Chadwick.

La ley antiterrorista es una herencia de la dictadura militar del general Augusto Pinochet, 1973-1990, y permite a la fiscalía presentar testigos protegidos y sin rostro, extender las detenciones preventivas hasta por dos años, intervenir las comunicaciones, delaciones compensadas y aumentar las condenas en varios años.

«No descartamos ningún otro instrumento jurídico que brinde la constitución o la ley», agregó Chadwick en alusión al uso del estado de sitio.

Pese al refuerzo policial en La Araucanía dispuesto el viernes por el gobierno, el fin de semana se registraron seis nuevos ataques incendiarios. El más reciente ocurrió la madrugada del domingo en Lautaro, donde desconocidos quemaron una casa deshabitada.

El número de policías en la zona se duplicó, hasta los 403, y los policías investigadores se incrementaron en un 25%a partir del viernes.

La muerte del matrimonio de ancianos remeció a la mayoría de la opinión pública, pero la decisión de usar la Ley Antiterrorista no es compartida por todos los sectores políticos: mientras ésa ley es repudiada por la oposición de centroizquierda, el oficialismo derechista se ha pronunciado en favor del uso del estado de sitio.

Chadwick dijo que el gobierno designó como jefe de las acciones policiales antiterroristas en tres regiones del sur, incluida La Araucanía, al general inspector de la policía, Carlos Carrasco, el tercer hombre de la institución uniformada.

El foco de los atentados son los camiones de transporte de madera, cuyo tránsito por los caminos del sur se incrementa en el verano, por las cosechas estacionales.

José Villagrán, presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile, anunció que los conductores paralizarán en la mayor parte del país durante una hora el lunes.

Villagrán precisó que entre el 2000 y el 2013 un total de 81 camiones han sido atacados por encapuchados que hacen bajar a los conductores antes de incendiar los vehículos. Los daños los estimó en unos 3.800 millones de pesos, unos ocho millones de dólares.

Cualquier acto violentista en La Araucanía es inmediatamente adjudicado por las autoridades a los mapuches, antes de que se inicien las investigaciones judiciales.

Un grupo reducido de indígenas, de entre más de 2.000 comunidades que habitan La Araucanía, se opone a la política oficial de reparto de tierras y lucha por la restitución de terrenos que consideran ancestrales, batalla en la que en el último tiempo han muerto al menos tres mapuches, incluido Matías Catrileo, asesinado de un balazo en la espalda disparado por un policía antimotines que sólo fue condenado a tres años, en libertad vigilada y que pudo seguir en las filas de la policía.

El jueves se cumplieron cinco años de la muerte de Catrileo.

«Las movilizaciones de nuestras comunidades mapuches, que van en aumento, se deben a la falta de justicia y al rechazo a cualquier tipo de dialogo productivo sobre la restitución de nuestro territorio», escribió en el informativo electrónico mapuche Mapuexpress la lonko, o jefe, Juana Calfunao.