El Acuerdo 370-2012 ha generado una ola de críticas que estoy seguro lo esperaban tanto su autor, Antonio Arenales Forno, como el mismo Presidente de la República, Otto Pérez Molina, quien avaló en última instancia una iniciativa que no es absolutamente ingenua y que persigue objetivos claros tendientes, desde muchas perspectivas, a dejar impunes los actos criminales de uno de los principales protagonistas del enfrentamiento armado interno.
La iniciativa no debe verse de forma aislada, sino como parte de un proyecto más amplio en el que quienes participaron en distintos abusos desde espacios de poder, no quieren que se deduzcan responsabilidades y se les condene, siendo ellos, desde su imaginario, más bien los héroes de una guerra en la que si bien hubo mucha sangre, se justificaba por la defensa del país.
Desde esta perspectiva, es tonto creer el principal argumento, el monetario, con el que el Gobierno rechaza la injerencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos ocurridos antes de 1987. Lo que sucede, dicen, es que el resarcimiento de las víctimas es demasiado oneroso, es mucho dinero para el Estado. Ayer nos recordaba la prensa, que el Estado ha erogado unos 20 millones de dólares (0.04 por ciento de la producción de nuestra riqueza anual) para resarcir a familiares de víctimas, a partir de 1987.
No, no es el dinero, lo que defiende el Gobierno (ojalá así fuera). Y eso no necesita mayor prueba. Casi a diario la Prensa denuncia casos de abuso en la que los operadores políticos de todos los niveles se embolsan grandes cantidades de dinero. Y una de las que más sospecha despierta es la misma vicepresidenta, quien para algunos, causa sorpresa el que se haya convertido de la noche a la mañana en “archimillonaria”.
¿Preocupados por el buen uso de nuestros impuestos? No parece cierto. De hecho, el Presidente de la República, en los hechos denunciados o bien guarda silencio o defiende a los saqueadores. No, no son guardianes fiables de las arcas públicas. El argumento de Arenales Forno es insostenible y solo demuestra que sus intenciones claramente son otras. El fondo es político.
El Secretario de la Paz tiene una agenda que no se ha preocupado en disimular. Es un operador inteligente y poco tímido del aparato creado para salvaguardar la impunidad. Cualquier oportunidad que tenga desde esa entidad del Estado para proteger a quienes cometieron atrocidades en los años del enfrentamiento armado interno (hablo del Ejército), no dudará en aprovecharla.
En esta ocasión, como el argumento es burdo, no creo que el Gobierno consiga su propósito, pero hay que estar atentos porque nuestras autoridades persiguen el claro objetivo de la impunidad. La tarea consiste en estructurar un sistema que los proteja y ponga a salvo del lujo de violencia cometido en el pasado. Ahora es cuando, piensan en sus adentros, mañana será demasiado tarde.