Nery Rodenas, director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODAG), dijo que la decisión de la Iglesia Católica de someter a un juicio eclesiástico al sacerdote Mario Orantes, le parece acertada y necesaria.
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Nery Rodenas, director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODAG), dijo que la decisión de la Iglesia Católica de someter a un juicio eclesiástico al sacerdote Mario Orantes, le parece acertada y necesaria.
“La vinculación o la responsabilidad plenamente probada en juicio del sacerdote Orantes, es algo que realmente ofende a todos los cristianos. Entonces, creo que lo correcto es que una persona que ha sido considerada como un ministro de culto, cuando participa en una acción que ofende, tenga una sanción ejemplar dentro de la propia Iglesia”, expresó Rodenas.
Esto luego de que Óscar Vian Morales, Arzobispo Metropolitano, dijera ayer que el religioso debía enfrentar al Tribunal eclesiástico, puesto que considera que Orantes, “desde antes de salir de la cárcel ya estaba suspendido como sacerdote”, tal como lo cita un medio de comunicación.
El director de ODAGH, enfatizó que como cristiano, es necesario “aclarar y solventar la situación de Orantes”.
Momentos después de firmar la libertad con la que fue beneficiado, el sacerdote dijo que buscaría al arzobispo para hacerle expresa su solicitud de reintegrarse al trabajo religioso de solicitar una parroquia para continuar como sacerdote dentro de la Iglesia Católica.
INCONGRUENTE
Ayer, el religioso dejó la cárcel, luego de purgar más de 11 años de una condena de 20 años, que se le impuso en grado de complicidad en la ejecución extrajudicial de Monseñor Juan José Gerardi, hecho ocurrido en abril de 1998.
Para lograr el beneficio de redención de penas, los abogados defensores del sacerdote presentaron ante el Juzgado Primero de Ejecución, documentos que detallaban su buena conducta y trabajo religioso dentro de la cárcel.
No obstante, Rodenas calificó de incongruente dicha labor religiosa, puesto que considera que desde el momento en que fue sentenciado, era inadecuado el hecho que pudiera ejercer un ministerio.