Ningún presidente, primer ministro o monarca absoluto de cualquier nación por poderosa o débil que sea, es capaz de dominar todas las disciplinas que implica la administración de un país, y de ahí que, necesariamente, los gobernantes requieren de asesores que, para cumplir con eficacia y eficiencia sus deberes, tienen que dominar el área o la rama que se les encomienda.
Los estudiosos en la materia explicarían con autoridad científica lo que he esbozado rudimentariamente, a sabiendas de que mis contados lectores cuentan con suficiente lucidez para comprender que lo que he anotado implica señalar que el presidente Otto Pérez Molina no escapa a esa clase de mandatarios que suelen rodearse de profesionales en distintos ámbitos del conocimiento, básicamente en lo que atañe a las condiciones políticas, económicas, culturales, sociales, religiosas y otras áreas que, en su conjunto, distinguen la idiosincrasia de una colectividad nacional, regional o local y las circunstancias permanentes o temporales, en conformidad con los acontecimientos que ocurran, los problemas que requieran soluciones, los reclamos que demandan atención.
Naturalmente que, en Guatemala y en la mayoría de los casos, los presidentes que se han sucedido suelen designar en los cargos de asesorías específicas a personas que generalmente son amigas suyas, al margen de que deben ostentar la preparación académica o de otra índole para el mejor desempeño de sus tareas, para que las consultas que les plantea el mandatario respondan idóneamente mediante dictámenes, consejos, recomendaciones u opiniones que ilustren debidamente al gobernante en su toma de decisiones, sobre todo cuando son de suma importancia porque afectan a amplios grupos de la población o a toda la comunidad nacional, o se extienden a escala internacional.
Estos empíricos conceptos los he vertido a propósito de algunas resoluciones emanadas de la Presidencia de la República y que racionalmente se atribuyen personalmente al general Pérez Molina, y que por desacertadas se ha visto obligado a rectificar –en muy pocas ocasiones, por cierto- en aras de elementales y lógicos argumentos y por convenirle políticamente.
Sin embargo, en la mayoría de los casos se ha observado que pese a precisas y sanas críticas vertidas por grupos de la sociedad civil, editorialistas, rigurosos analistas –y por interesados dirigentes políticos de la oposición, por supuesto-, el Presidente se ha mantenido impávido, sin escuchar lo que se ha dado en llamar la voz de la opinión pública, de manera que aflora la impresión de que el señor Pérez Molina tiene suficientes amigos que lo inducen al error, y que sus enemigos o adversarios de la casta política no necesitan hacer derroche de materia gris para desgastar la figura presidencial.
Ahora mismo, uno de los más cercanos colaboradores del Presidente y quien ha estado prendido a la ubre del generoso Estado, que le ha concedido honorarios más que dispendiosos para disfrutar de una existencia holgada en naciones europeas u otros países, al margen del Gobierno del que se trate, embrocó al señor Pérez Molina, como si fuera deliberadamente, a adoptar una determinación que no sólo resquebraja el ya débil andamiaje de los derechos humanos en Guatemala, sino que rebaja aún más la imagen del país ante el conglomerado internacional y sirve para incrementar la fundada sospecha de que vivimos bajo un gobierno militarista.
(El asesor Romualdo Tishudo cita a Les Luthiers:-Lo importante no es saber, sino tener el número de teléfono del que sabe).