Al poco tiempo de estar en el Ministerio de Finanzas -hace muchos años-, y recién egresado como Abogado y Notario, trabajaba en el departamento jurídico y un Ministro de los más probos y honestos de la administración pública (reconocido por muchos profesionales por esa rectitud), el licenciado Arnoldo Beltetón (q.e.p.d.) me nombró, sin conocerme, como Asesor Técnico del Despacho, que incluía a los dos viceministerios.
Tuve que enfrentar muchos sinsabores con funcionarios públicos y altos “jerarcas” de la iniciativa privada (uno de los cuales está sujeto a juicio por el caso de un banco), porque pese a “órdenes superiores”, el licenciado Beltetón no quería mancharse las manos de corrupción.
Al haber cambio de gobierno, el nuevo ministro siguió en esa misma línea y cuando le indiqué si retornaba a mi antiguo cargo en asuntos jurídicos, me dijo que no. Que me tenía una tarea y llamó al entonces jefe de seguridad del ministerio, quien con lujo de detalles y documentos me ilustró sobre una “oficinita” con tres empleados donde se acumulaban 929 recursos sin resolver que significaban para el fisco casi 30 millones de quetzales de aquel entonces, unos 220 de ahora, solo en impuestos que se trataban de eludir o evadir, más multas y cargos que fácilmente sobrepasaban los 50 millones.
El asunto era que a esos tres empleados se les pagaba por mantener ENGAVETADOS los recursos y no resolverlos o pasarlos a alguna autoridad ministerial.
El ministro me dijo: -¿Se cree capaz de resolver, apegado a la ley, estos 929 recursos en 6 meses? Sí -le dije- si me da lo que necesito. Y le pedí 10 abogados (de otras dependencias), secretarias, papelería, mobiliario y la mitad del sexto nivel de Finanzas. Y se resolvieron los recursos en poco más de cinco meses trabajando alrededor de 10 horas diarias, sin pago de horas extras.
Cuento esta anécdota porque aquí, como en ese entonces, la justicia, tanto la que se aplica administrativamente como la de los tribunales era corrupta y se encontraba patas arriba, igual que ahora, como un caso de un proceso sucesorio que se encuentra en el juzgado noveno civil y donde llevan tres meses sin emitir una simple y sencilla resolución apegada a la ley, porque la otra parte, está pagando ese favor. Eso se llama retardo malicioso, pero del nombre no pasa, porque si se queja, nada logra.
Y le puse un caso en lo administrativo, otro en lo civil y habrán cientos en lo penal que usted puede leer en la prensa y ya no digamos en lo constitucional. Bien decía Jorge Skinner Klée al referirse a la Corte de Constitucionalidad: “la Constitución dice lo que la corte quiere que diga.”
A lo anterior yo agregaría que no cabe duda que el organismo politiquero más conocido es el Congreso, y el segundo organismo más politiquero es la Corte de Constitucionalidad, no solo porque sus magistrados son nombrados por compromisos políticos, sino porque la gran mayoría de resoluciones son para congraciarse con los vaivenes de la opinión pública a través de grupúsculos u órdenes enviadas desde el despacho presidencial.
Y lo más fregado del asunto es que ya nadie le hace caso a la tal corte, ni el Tribunal Electoral (que de supremo no tiene nada), hasta el ciudadano obligado a acatar sus fallos y todo porque desde que terminó la Corte presidida por el gran EPAMINONDAS GONZÁLES DUBÓN, se llenó de gente mediocre, desde abiertos y declarados riosmontistas, hasta los que gustan recibir mendrugos de halagos y buenas sumas de dinero. Esa es nuestra justicia y aquí no pasa nada.
Y para concluir, qué vergüenza que Tonito y don Otto manden al carajo en delitos graves a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (creada por un Estatuto de la OEA en su reunión de Bolivia en Octubre de 1979 y que entró en vigor el 1o. de Enero de 1980). ¿Será legal? ¿Qué dicen los constitucionalistas de verdad?…