En el amanecer de un nuevo año del calendario Gregoriano, es oportuno hacer algunas reflexiones sobre la situación social, política, económica y de derechos humanos del país y lo que se proyecta para el período anual que recién comienza. Debo agregar que por el mundo globalizado de hoy, muchos de los aspectos que dibujan la situación de cada país, están condicionados por factores exógenos que influyen en la situación interna y favorecen las condiciones prevalecientes.
Cada comienzo de año, debemos aprovechar para reflexionar sobre el pasado y sobre el futuro, sobre lo hecho y lo que hay que hacer. Las perspectivas no parecen muy halagüeñas, por ello, el 2013 se anuncia como uno de los períodos agudos de la crisis que nos abruma.
En materia social, se vislumbra un aumento de la conflictividad, como el signo más notorio del pasado año. Por la desatención, indiferencia y sordera de los gobernantes hacia las demandas populares y las luchas de sectores ciudadanos organizados, opuestos a las actividades de empresas transnacionales, dedicadas a explotar la minería, el petróleo y la construcción de hidroeléctricas. Otro conflicto anunciado es el tema agrario, empujado por organizaciones campesinas que claman por la tierra para producir alimentos y por la aprobación de la iniciativa 4084, Ley de Desarrollo Rural Integral, para lo cual han planteado un ultimátum de 90 días al Gobierno para aprobar la citada ley, al punto que, hasta el Colegio Profesional de Ingenieros Agrónomos, ha advertido en campo pagado publicado en medios escritos.
En lo político, veo un panorama pesimista, debido a que la clase política y la institucionalidad del Estado, continúan negándose a revisar y reformar el sistema político electoral y lo más importante, a modificar la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Los políticos continúan burlando la ley, los diputados siguen practicando el transfuguismo, persiste la penumbra sobre el origen y destino de los dineros privados recibidos por los partidos y se mantiene la costumbre de las campañas anticipadas, tal como hemos empezado a observar.
En lo económico, el escenario tampoco es alentador, en este punto la crisis global se refleja en los indicadores nacionales que refieren una economía poco sana, que no ayuda a revertir la situación crítica por la que atraviesa la población. Un ejemplo es la aprobación de un nuevo salario mínimo, anunciado al final del año anterior, que resulta insuficiente y por debajo del valor de las canastas básica alimentaria y la básica vital, que a marzo del 2012 ascendía a Q.2,494.00 y Q.4,551.46 respectivamente.
En el tema de derechos humanos, iniciamos 2013 con un retroceso derivado del Acuerdo Gubernativo 370-2012, que antojadizamente pretende negar la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos de violaciones. Según expertos constitucionalistas, desde el punto de vista del Derecho Internacional General se trata de un acto de regresión a los valores y principios que inspiran tal derecho y que claramente rigen en Guatemala según el artículo 149 de la Constitución, la regresión es más notoria ante el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La decisión guatemalteca viola el Derecho Internacional ya que si aceptó la jurisdicción compulsiva de la Corte, reconoce su competencia y por lo tanto, es facultad de la CIDH decidir su propia competencia en base al principio «competens competens».
La actuación ilegal del Gobierno puede ser reparada mediante una acción general de inconstitucionalidad. De conformidad con el artículo 149 de la Constitución, en Guatemala rigen los principios, normas y reglas del Derecho Internacional General por lo que es oportuno interponer una acción ante la Corte de Constitucionalidad. La publicación del Acuerdo señalado, denota ignorancia supina y descuido craso de la gente que nos gobierna.