Polonia y Rumania albergaron secretamente centros de detención de la CIA entre los años 2003 y 2005, según reveló este viernes Dick Marty, encargado del Consejo de Europa de la investigación del caso.
Un año después de sus primeras revelaciones sobre el traslado ilegal de presuntos terroristas a través del espacio aéreo europeo, el senador suizo endureció el tono en su segundo informe sobre las actividades de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA) en el continente europeo.
«Lo que hasta ahora no eran más que acusaciones, ahora son certezas», subrayó Marty, que afirmó que «hoy hay elementos suficientes para afirmar que existieron efectivamente centros secretos de detención administrados por la CIA en Europa entre 2003 y 2005, sobre todo en Polonia y en Rumania».
Los dos países lo desmintieron inmediatamente. «Este informe, como el precedente, no aporta ninguna prueba para confirmar las acusaciones, excepto por fuentes anónimas, cuya credibilidad no puede ser evaluada», indicó el ministerio rumano de Relaciones Exteriores en un comunicado.
Por su parte, el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores de Polonia dijo que «no hubo bases secretas en Polonia».
Marty, que se basa en sus propias fuentes y en las de los servicios de información estadounidenses y de otros países, revela que en el año 2001 se cerró un acuerdo secreto entre Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) para permitir a la CIA encarcelar a sospechosos de terrorismo en Europa.
Según él, las colaboraciones entre Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, tanto «públicas» como «secretas», tuvieron lugar en virtud de un acuerdo alcanzado el 4 de octubre de 2001 que también sirvió de «plataforma para acuerdos bilaterales, por supuesto también secretos», según Marty.
En lo que concierne a Polonia, Marty dice que las informaciones están «corroboradas» por datos sobre el tráfico aéreo que Polonia «pretendía ignorar y que estamos en condiciones de probar gracias a diferentes fuentes documentales».
El suizo precisa en su informe que el ex presidente polaco Aleksander Kwasniewski «conocía y aprobó» el papel de su país en las actividades secretas de detención ejercidas por la CIA en el territorio.
Y añade que Jalid Sheij Mohammed, presunto cerebro del atentado del 11-S, fue llevado en secreto de Kabul a Szymany (Polonia) en marzo del 2003 a bordo de un vuelo «deliberadamente camuflado».
Por su parte, el ex presidente rumano Ion Iliescu es acusado de haber negociado y firmado el 30 de octubre de 2001 un acuerdo con Estados Unidos para «extender el alcance de las actividades norteamericanas en territorio rumano», en particular un régimen de acceso especial al territorio nacional.
Tras ese acuerdo, los servicios secretos rumanos crearon una «zona de seguridad» en el sureste del país, donde las fuerzas estadounidenses se beneficiaron de «autorizaciones generales» de vuelos y «uso de instalaciones», concluye Marty.
El informe también acusa a otros gobiernos europeos, entre ellos Alemania e Italia, de obstaculizar la investigación invocando el «secreto de Estado».
Estados Unidos y sus socios europeos evitaron así que cayera sobre ellos la responsabilidad por el secuestro de Jaled El Masri, ciudadano alemán retenido por error varios meses en Kabul, y por otras operaciones de la CIA, según el relator.
Marty estima que es precisamente esa doctrina del secreto de Estado «el núcleo del problema». «Este vacío jurídico sólo puede favorecer la arbitrariedad y otras derivas de todo tipo», advirtió.