Desde el inicio, este Gobierno ha tenido que lidiar con la conflictividad social, que ha generado la minera, las protestas campesinas, la reforma magisterial; así como el enfrentamiento entre el Ejército y pobladores de los 48 Cantones de Totonicapán la cual fue calificada como “masacre”.

Sin embargo, estos conflictos no precisamente han sido por la poca capacidad de diálogo  que ha mantenido el actual gobierno, si no han sido conflictos de décadas que han detonado en incidentes en los cuales guatemaltecos han perdido hasta la vida.

MINERÍA
La oposición a la minería ha tenido diferentes rostros, uno de ellos lo han protagonizado pobladores de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, quienes mantienen un plantón frente a las instalaciones del proyecto minero en la comunidad La Puya.

Pero no han sido los únicos en manifestar su descontento por estos proyectos pues pobladores de Jalapa y Santa Rosa se oponen al funcionamiento de la minera San Rafael que opera en los municipios de San Rafael Las Flores, en Santa Rosa y Mataquescuintla en Jalapa, estos últimos realizaron una consulta popular en la que más del 95 por ciento de la población rechazaba los proyectos mineros en su comunidad.

El Ejecutivo ha afirmado que existen mil 600 puntos de conflicto relacionados con la minería en el país, no obstante, la poca apertura del diálogo social ha hecho que la conflictividad se exprese en forma a veces violenta.

MARCHA CAMPESINA
Este no es el único problema que ha enfrentado el gobierno de Otto Pérez Molina, en lo que respecta a la conflictividad social, durante el año tuvo que lidiar con una marcha campesina que duró ocho días desde Cobán Alta Verapaz hacia la Ciudad Capital, quienes exigían la aprobación de la iniciativa de ley 4081, ley de desarrollo rural integral.

Los manifestantes recorrieron 214 kilómetros durante ocho días consecutivos, caminando un promedio de 25 kilómetros hasta llegar a la capital, en donde fueron atendidos por los tres presidentes de los organismos del Estado, quienes se comprometieron a atender sus demandas, sin que hasta el momento hayan sido escuchadas.

Una de las demandas que se ha visto cuesta arriba ha sido la aprobación de la ley de desarrollo rural integral, la cual ha enfrentado al Ejecutivo con el sector empresarial y al sector campesino, motivo por el que se han tenido bloqueos y manifestación en diferentes partes del territorio nacional, sin tener eco dentro del Congreso de la República para que esta iniciativa sea aprobada, la cual era la principal demanda de la marcha campesina.

REFORMA MAGISTERIAL
Otro de los problemas que le han provocado desgaste a este gobierno ha sido la reforma educativa principalmente a la carrera magisterial, que ha detonado en enfrentamientos entre estudiantes y las fuerzas de seguridad.

El enfrentamiento más fuerte en este tema se suscitó el 2 de julio de este año cuando después de 40 días de tomadas las instalaciones de los institutos normales por parte de los estudiantes, autoridades de educación decidieron reanudar clases en el Parque de la Industria, las cuales fueron interrumpidas por alumnos de diferentes establecimientos públicos, quienes retuvieron a la ministra de Educación Cynthia del Águila para que se atendiera la problemática.

Lo que provocó una batalla campal entre las fuerzas de seguridad y los estudiantes inconformes con la reforma magisterial, la cual pretende aumentar a cinco los años de estudio de la carrera, dos de un bachillerato en educación y tres a nivel universitario, la que debe entrar en vigor en el 2013.

En este tema se tiene un impasse legal pues no se sabe con certeza si se aplicará la reforma magisterial, por lo que el próximo año se espera que este tema siga siendo el talón de Aquiles de este gobierno.

48 CANTONES DE TOTONICAPÁN
Este suceso fue quizá la crisis más dura que pudo enfrentar durante el año el Ejecutivo.

El pasado 4 de octubre, pobladores de los 48 Cantones de Totonicapán, manifestaban su rechazo al aumento a la energía eléctrica, a la reforma educativa y a las alzas de la canasta básica así como a las reformas constitucionales que impulsaba el Ejecutivo, en el kilómetro 170 lugar más conocido como la Cumbre de Alaska.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) resguardaban al grupo de manifestantes, hasta que llegaron elementos del Ejército e intentaron desalojar a los pobladores que permanecían protestando. Ante la acción del Ejército, los manifestantes empezaron a lanzar piedras en contra de los militares y quisieron acorralarlos, pero estos lograron retroceder.
Los inconformes arremetieron en contra de un vehículo del Ejército hasta incendiarlo. Empezaron los enfrentamientos entre el Ejército y pobladores, provocando la muerte de 7 personas y más de 34 heridos.

A estos sucesos grupos pro Derechos Humanos y organizaciones sociales los calificaron como una verdadera masacre en contra del grupo de indígenas que manifestaban de forma pacífica y quienes fueron provocados por los militares.

Por este caso se encuentran detenidos nueve militares entre los que figura el coronel de infantería, Juan Choroy Sal, sindicado de los delitos de ejecución extrajudicial y ejecución extrajudicial en grado de tentativa.