Estamos por terminar uno de los años más escandalosos en materia de corrupción de los últimos tiempos. Ni siquiera en los tiempos de Portillo, cuando según algunos se rebasaron los límites, hubo tanta denuncia y tanta desfachatez para seguir adelante con los grandes negocios que enturbian el comportamiento de todos los funcionarios porque ahora ha sido desde la misma Presidencia de la República que se dio luz verde al defender a capa y espada negocios evidentemente sucios como el de la concesión en el Puerto Quetzal disfrazada de un usufructo.

Revisando la prensa de este año para realizar resúmenes de los últimos doce meses, uno se da cuenta que casi no hay día en el que se publique que algo ocurrió en alguna de las tantas dependencias públicas, y todo ello ante la paciencia franciscana de la Contraloría de Cuentas y la indiferencia atroz del Ministerio Público. Fuera de perseguir a uno que otro alcalde, el resto de funcionarios están gozando de la célebre impunidad que es característica de nuestro país.
 
 Se entiende que la gestión pública es compleja y que hace falta mucho esmero para transparentar todos los actos de la administración, pero cuando nada es transparente, cuando todo se enturbia y el mismo Presidente sale en los medios defendiendo un negocio que se demostró sucio desde su origen por la forma en que fraguaron las modificaciones de reglamentos y disposiciones administrativas para acomodarlas a las necesidades del trinquete, ya todo está perdido y no hay nada que hacer.
 La verdad es que nuestros gobiernos son electos para cumplir al pie de la letra con los compromisos de campaña, pero únicamente aquellos que se celebran con los  financistas, con los que contribuyen dando el dinero que es el motor de todas las actividades de proselitismo en un país donde no hay ideologías, donde no hay mística y menos interés por el país. Un país donde los ciudadanos también nos hemos vuelto cínicos y vendemos nuestro voto sabiendo que, de todos modos, nadie va a tomar en cuenta nuestras aspiraciones y demandas.
 
 El Congreso es el mejor ejemplo de lo que es nuestra institucionalidad política y democrática, es decir, del asco en que hemos convertido nuestro modelo político porque está demostrado, sin lugar a dudas, que en Guatemala la meta que se fija cada nuevo gobierno es la de armarse en el menor tiempo posible y cumplirle a los financistas dejando que se lleven los recursos públicos mediante cualquier tipo de argucias o negocios. Así ha sido siempre, pero este año nos volamos la barda, como decía el recordado Abdón.

Minutero:
Campea la corrupción
por toda nuestra Nación;
en vez de mayor transparencia
nos cayó más indecencia