La corrupción se ha convertido en un auténtico flagelo que carcome a la sociedad en su conjunto. En el caso de Guatemala, después de 26 años de ejercicio democrático, no se puede negar su permanencia, su incidencia y su profundidad. Dentro de las consecuencias negativas que la misma reviste se pueden consignar las siguientes:
La corrupción ciertamente se gesta en el centro de los equipos gubernamentales, pero no deja fuera de su influencia al Organismo Judicial y con más notoriedad al Organismo Legislativo, por lo que la misma ya no es únicamente un expediente propio de los equipos que trabajan en el Ejecutivo, sino además abarca a jueces y también a los diputados.
La corrupción demanda un equipo amplio de funcionarios y de diferentes niveles jerárquicos para que el proceso que la misma conlleva se pueda concretizar sin dejar rastro y ello involucra a personal técnico y profesional, con lo cual muchas personas jóvenes son cooptadas por medio de este nocivo mecanismo de compra de voluntades.
La corrupción requiere de personal clave que controla todo el hilo conductor de la misma, para lo cual muchos funcionarios utilizan la presencia de auténticos operadores que mantienen su presencia sobre todos aquellos procesos de compras o de contratos, para lo cual actúan sobre todos los mecanismos de compras: compra directa, contratación o licitación.
En la actualidad, la corrupción se involucra en aquellas operaciones relacionadas con las concesiones, relacionadas con el uso o explotación de determinados servicios de la administración pública, pero que se concesionan en empresas nacionales o extranjeras, para uso, disfrute, explotación o mantenimiento.
Igualmente, la corrupción se encuentra fuertemente vinculada a los recursos extractivos, tales como licencias de exploración y explotación, lo cual requiere del apoyo de requisitos previos como los Estudios de Impacto Ambiental, en donde se favorece a enormes conglomerados empresariales transnacionales y se articulan a través de la compra de voluntades de funcionarios de alto nivel.
La corrupción se convierte en una forma de enriquecimiento rápido, que conlleva la construcción de fortunas que nacen alrededor del ilícito y que posteriormente se convierten en capitales para antiguas o nuevas empresas privadas, que se necesitan para el proceso de blanqueo o lavado de esta masa de recursos financieros impropios.
La corrupción se convierte en un auténtico mecanismo que vincula a las empresas privadas, las empresas transnacionales con los funcionarios de turno, en la medida que el pago de comisiones o prebendas, facilita el proceso de decisión, asegura la contratación de empresas o bien conduce las compras a determinado proveedor nacional o internacional.
La corrupción se ha convertido en una condición que por su forma de enriquecerse tan rápidamente envía mensajes equivocados a personas jóvenes que se involucran en peones intermedios de la cadena del ilícito, quienes consideran que hacerlo es propio y correcto, actuando bajo la consigna que “si no lo hago yo, otra persona se lo apropiará”.
La corrupción se convierte en una seria limitación para la competencia abierta, pues al descansar en contratos abiertos que contienen precios superiores que aquellos precios de mercado, aseguran la obtención de enormes negocios millonarios como el caso de las medicinas, en donde se juegan enormes intereses empresariales y gubernamentales, tanto en el Ministerio de Salud como en el IGSS. Igualmente, al ser procesos viciados, no contribuyen a la competencia de empresas y proveedores, sino al contrario profundiza los mercados imperfectos.
Los diputados al involucrarse en este tipo de negocios, les asegura la generación de cuantiosas fortunas mal habidas, que no sólo les asegura contar con el capital necesario para su potencial reelección, sino además les otorga el privilegio del enriquecimiento permanente, para lo cual entorpecen leyes o facilitan leyes como la Ley de Telecomunicaciones y la del Presupuesto de Ingresos y Egresos de 2013, aprobadas en forma exprés.
La contratación de personal por medio de los renglones de servicios profesionales o técnicos (029), permiten que los gobiernos puedan cancelar o incorporar a personas y así asegurar la discrecionalidad correspondiente, con lo cual se hace mayormente vulnerable la generación de plazas permanentes que aseguren la continuidad y construyan la carrera administrativa pública.
Más allá de ello, el problema de la corrupción es que se convierte en el elemento que motiva la incorporación a los ejercicios de gobierno, del Congreso o del Organismo Judicial, con lo cual las personas llegan con el único afán de enriquecerse y no con el afán de hacer algo por el país, velando los intereses de la mayoría y buscando que el país mejore paulatinamente.