Cuando Félix Valls confió su dinero a aquel extraño producto financiero, lo hizo con los ojos cerrados. Era una simple cuestión de confianza. No conocía la bolsa ni sabía cómo funcionan los mercados.
Pero no podía dudar de la entidad que le abrió una cuenta corriente cuando estaba recién nacido en 1935, con un regalo de 5 pesetas (0,03 centavos al cambio actual, pero una pequeña fortuna para la época) como deferencia hacia sus padres, clientes de toda la vida.
Por eso se siente traicionado. No entiende por qué el dinero de años de trabajo está bloqueado en un limbo que no comprende.
«Sólo quiero recuperar el dinero», repite una y otra vez.
Valls, de 77 años, es uno de los casi 1 millón de ahorradores en toda España que según cálculos oficiales viven la pesadilla de un corralito financiero tras invertir en las llamadas participaciones preferentes.
Junto al desempleo del 25% y los desahucios por impagos hipotecarios, es uno de los capítulos más sangrantes de la serie de múltiples dramas sociales al que se enfrentan miles de familias en mitad de la tempestad económica que azota el país desde hace ya cuatro años.
El producto, absolutamente legal, es lo más parecido a una acción sin voto que cotiza en los mercados secundarios. Ofrece una alta rentabilidad, generalmente cercana al 7%, pero no tiene vencimiento y para vender una participación hace falta que aparezca otro comprador.
Y en la actual coyuntura, los mercados son un páramo sin inversionistas a la vista y las preferentes un papel mojado de escaso valor. La Unión Europea anunció la semana pasada que los bancos españoles nacionalizados que requieren fondos de Bruselas para sanearse deberán convertir las preferentes en acciones ordinarias líquidas con una quita que ronda el 40%, lo que supondrá perdidas millonarias para miles de personas que no están dispuestas a perder sus ahorros.
«Yo no entiendo qué pasa. Lo único que quiero es que me devuelvan lo que es mío», dijo Valls.
Las participaciones preferentes no son exclusivas de España, pero las peculiaridades de la crisis ibérica han favorecido la actual situación, única en Europa por la pésima salud del sistema financiero, la cantidad de afectados y el perfil de los mismos.
No se trata solo de grandes fortunas acostumbradas a mover capitales en los mercados, sino principalmente trabajadores con ahorros muy modestos que jamás habían invertido en bolsa.
El mapa de las preferentes es disperso, pero la radiografía coincidente. La mayoría de afectados supera los 60 años, encaja en el perfil de pequeños inversores en busca de una mínima rentabilidad sin riesgo y se concentra en pueblos de España. En estos municipios hay pocas oficinas bancarias y prácticamente todas pertenecen a cajas de ahorro, con las que los clientes establecen una relación familiar.
Es el caso de La Vall d’Uixo, que en su día albergó una conocida fábrica de calzado que suministraba botas militares al ejército español y hoy sobrevive de una agricultura mínima y la pequeña industria cerámica de la zona. Hasta 1.500 de sus 34.000 habitantes han visto congelados sus ahorros.
Vicente Porcar, de 41 años, recuerda cómo su madre confió a la sucursal de siempre los 70.000 euros (90.830 dólares) de la herencia que dejó su padre al morir.
«En aquel momento, no le dimos importancia. Cuando compró preferentes en 2007, ella hablaba de un nuevo producto con mucha rentabilidad, que era ganar o ganar porque así se los habían dicho en el banco», recordó.
La indignación de muchas de estas personas se ha dirigido rápidamente contra aquellos empleados de sucursal con los que solían tomar café y asistir juntos a las funciones de teatro del colegio. La tensión ha rozado la tragedia en algunos pueblos cercanos a La Vall d’Uixo, con amenazas de muerte escopeta en mano y la policía intentando calmar los ánimos.
«El cliente confía en la marca, pero más en el empleado», explicó José Romero, de 53 años, que lleva 38 trabajando en Bancaja, la más importante de las cajas de ahorro valencianas hoy integrada en Bankia.
«Pero cuando les tocan el dinero, la gente cambia radicalmente. Llegan las amenazas de muerte, los insultos, gente que aparece con escopetas a las oficinas… Muchos empleados tienen miedo de salir a la calle», agregó.
Desde la Confederación Española de Cajas de Ahorro declinaron comentar estos incidentes, pero insisten en que facilitaron un informe «breve y en un lenguaje no técnico» con los riesgos del producto a los clientes que suscribieron preferentes y que la situación actual se debe fundamentalmente a la negativa evolución del mercado.
Pero de poco nada sirven estas explicaciones a los afectados.
«Estoy dispuesto a ir a la cárcel. Con los dineros de mi familia no juega nadie», confesó Porcar, quien admite estar desesperado.
Asociaciones de afectados como Apacbank califican lo ocurrido como una estafa masiva. Porque muchas de estas personas firmaron los documentos legales exigidos, pensando que no había riesgo alguno y porque, simplemente, creían en la palabra de su banco de siempre.
«La mayoría de los que suscribieron preferentes jamás pensaron que se trataba de un producto financiero con este riesgo», afirmó Salvador Sastre, portavoz de Apacbank, que agrupa a centenares de perjudicados por la entidad nacionalizada Bankia. «Son víctimas y por parte de los bancos eran conscientes de que se estaba montando una auténtica estafa».
Las primeras emisiones de preferentes comenzaron a finales de los años 90, en plena explosión económica, y mucha gente se benefició de sus atractivas condiciones. Los problemas llegaron con las campañas realizadas entre 2007 y 2009, cuando la burbuja estaba a punto de estallar.
El colapso inmobiliario arrastró al abismo a más de la mitad del sector bancario español, las cajas de ahorro, que en los años de bonanza gastaron fuertes sumas en créditos promotores al ladrillo y se financiaron en gran medida con productos como preferentes.
En 2009, existían 45 cajas de ahorro en España. Tres años después, solo sobreviven dos grupos con liquidez para hacer frente a un escenario económico extremadamente adverso. El resto se fusionaron y transformaron sus negocios en banca tradicional poco antes de que Madrid pidiera una asistencia de hasta 125.000 millones de dólares a Bruselas para el sanear el sistema financiero.
«No ha existido país en el mundo en el que la mitad de su sistema financiero, que eran las cajas, se haya ido abajo», subrayó Ricard Torres, presidente de Apacbank, sobre las extraordinarias circunstancias del caso. «Ha habido burbujas inmobiliarias en países como Irlanda, pero nada que ver con este círculo virtuoso de burbuja inmobiliaria financiada externamente por cajas que requerían este tipo de productos (preferentes)».
«Ha sido una tormenta perfecta», añadió.
Apacbank defiende la solución judicial, que todavía no tiene una jurisprudencia clara. Existen casos de sentencias favorables a ahorradores que han recuperado su inversión al considerar el juez que el consentimiento firmado con el banco se basó en información sesgada.
En la última reforma del sector financiero aprobada por el gobierno conservador, se endureció el criterio de compra de participaciones preferentes, exigiendo un mínimo de 125.000 dólares de inversión, entre otras medidas.
Además, la Comisión Europea dijo que entidades nacionalizadas como Bankia, que recibirán buena parte del préstamo europeo, deberán canjear estos productos por otros mecanismos que den liquidez inmediata. Pero fuerza al cliente a renunciar al 40% de su inversión.
«No cambia nada respecto a los derechos de inversores minoristas, que fueron asaltados en su buena fe y contrataron un producto de riesgo, cuando la mayoría solo querían productos de riesgo cero», comentó. «Esta ilegalidad que cometieron las entidades no queda invalidada por este canje».
Mientras se busca una solución global, afectados como Valls no quieren ni oír hablar de pérdidas. Hijo y nieto de labradores, asegura que dispone de documentos que demuestran que su familia trabajaba la misma parcela desde al menos el siglo XIX.
Al finalizar la guerra civil española en 1939, el terrateniente les vendió aquellas tierras. Años después, el ayuntamiento expropió el terreno para construir un parque e indemnizaron a la familia con una generosa cantidad.
Un total de 248.000 euros (321.810 dólares), que Valls, sin saber muy bien lo que eran, confió en participaciones preferentes. No ha vuelto a ver un céntimo, pero recuerda perfectamente los nombres y apellidos de los comerciales de su banco que le vendieron aquel producto y esquilmaron la misma libreta abierta en 1935.
«Sólo quiero recuperar mi dinero. No es mucho pedir», dijo Valls, que no tiene hijos y vive de un plan de pensiones. «Todavía no me explico cómo se puede permitir una estafa así».
por ejecuciones hipotecarias
POR ALAN CLENDENNING
Irene González espera angustiada saber si se beneficiará de un decreto de emergencia del gobierno que protege a la gente como ella, que está a punto de perder su vivienda por no poder pagar la hipoteca. González, de 45 años, está trabajando solo por horas en la pequeña firma de acondicionadores de aire donde antes trabajaba a tiempo completo. Es una madre soltera con dos hijos, que vive en un pequeño departamento de un barrio pobre que ella y su hoy exmarido compraron en el 2001, cuando la nación tenía una economía floreciente y se vivía un boom en el mercado de bienes raíces.
Dice que no puede pagar la hipoteca y que su exmarido, que se encargaba de esos pagos, dejó de hacerlos hace varios años, cuando estalló la burbuja en el mercado de la construcción.
Incluso si se le da un respiro de dos años durante los cuales la vivienda no sería ejecutada, una vez cumplido ese período ella y su exmarido seguirán debiendo 140.000 euros (183.000 dólares) de la hipoteca, gastos legales e intereses. Si no cancelan la deuda, la heredarán sus hijos, de 13 y ocho años.
España ha soportado una ola de ejecuciones hipotecarias que generaron protestas y al menos dos suicidios de personas que estaban a punto de ser desalojadas de sus viviendas.
«Lo que yo quisiera es entregarle la casa al banco y quedar libre de deudas», expresó González. «Le dije a mis padres que quiero renunciar a mi herencia porque se la llevaría el banco».
Desde que se emitió el decreto de emergencia, que amparará a familias con un ingreso anual neto de menos de 14.400 euros, el gobierno soporta presiones para que reforme el sistema de hipotecas. Activistas quieren que se sancione una ley de insolvencia que permita a quienes no pueden pagar sus hipotecas entregar sus viviendas, como se hace en países como Estados Unidos, y quedar libres de deudas.
En la vecina Francia, por ejemplo, si alguien no puede pagar la hipoteca, un organismo oficial actúa como árbitro entre el banco y el propietario. Si esa mediación no funciona, el banco puede llevar al propietario a los tribunales y ser autorizado a rematar la casa. El desalojo requiere un segundo juicio.
Por primera vez este mes, el electorado español dijo que las ejecuciones hipotecarias eran una de sus principales preocupaciones, según una encuesta de un instituto del gobierno. Paralelamente, algunos jueces, molestos con la idea de verse obligados a dejar a la gente en la calle, están negándose a ordenar las ejecuciones. Y varios alcaldes amenazan con dejar de darle fondos municipales a bancos que realizan esas ejecuciones, mientras que algunos consejos municipales declaran a sus comunidades «zonas sin desalojos».
Todos los martes por la noche un salón de conferencias de Madrid se llena de gente que busca asesoría de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, una agrupación que combate los desalojos y que tiene representación en todo el país. Los asistentes, personas que adeudan decenas si no cientos de miles de euros de sus hipotecas, buscan desesperadamente ayuda tras recibir notificaciones de que sus viviendas fueron rematadas por cifras muy inferiores a las que pagaron ellos y que pronto serán desalojados.
Llorosos, muestran los documentos y describen cómo los bancos les financiaron sin problemas el 100% de la compra de sus casas durante el boom del mercado de bienes raíces, que comenzó a desmoronarse en el 2008 y se ha agravado desde entonces. Hay abuelas que pagaron sus casas décadas atrás y que pusieron sus viviendas como garantía para que sus hijos pudiesen adquirir propiedades, y ahora están a punto de ser desalojadas porque sus hijos dejaron de pagar. Muchos son inmigrantes que llegaron a España en busca de una vida mejor.
Antes de que llegase la crisis hace cuatro años, el país atravesaba por un período de expansión económica marcado por un boom en la construcción. Los bancos prestaban dinero libremente, a menudo ofreciendo a los clientes hipotecas por más dinero que el que ellos pedían para que hiciesen arreglos o se comprasen autos nuevos. Los precios de las viviendas se desmoronaron más de un 30% en los últimos cuatro años y el mercado hipotecario está virtualmente congelado.
La gente que compró viviendas a precios inflados durante el boom ya no pueden deshacerse de ellas. Y para empeorar las cosas, los bancos rara vez conceden hipotecas, a menos que sea para comprar viviendas ejecutadas en su poder, según Carlos Bardavio, abogado de Madrid que trabaja para Hogans Lovell International LLP, una firma especializada en el mercado inmobiliario de España.
«En estos momentos, los bienes inmobiliarios no son líquidos», manifestó. «La gente tiene propiedades que no pueden vender y cuyas hipotecas no pueden pagar. Las pierden y siguen debiéndole dinero al banco».
No está clara la cantidad exacta de personas que fueron desalojadas de sus casas desde que estalló la burbuja. Las estadísticas del gobierno no aclaran cuántos desalojos afectaron a viviendas que eran la principal residencia del dueño, viviendas de fin de semana o depósitos o pequeños departamentos adquiridos como inversión, para alquilarlos. Sea como sea, los jueces han emitido más de 350.000 órdenes de desalojo tras ejecuciones hipotecarias desde el 1ro de enero del 2008.
Estadísticas del Banco de España indican que las ejecuciones hipotecarias del 2007 fueron por un valor total de 4.100 millones de euros y que entre marzo y junio de este año llegaron a los 19.100 millones.
«Tradicionalmente las tasas de ejecuciones hipotecarias en España eran muy bajas porque siempre había algún familiar que ayudaba a pagar la hipoteca para que uno empezase de nuevo», declaró Carlos Vergara, profesor de administración financiera de la IESE Business School de Madrid. «Pero ahora el tío que te hubiera ayudado en el pasado ya no tiene los ahorros de antes».
El Ministerio de Economía estimó hace poco que entre 4.000 y 15.000 personas fueron desalojadas de sus residencias principales a partir del 2008. Ese dato, sin embargo, se basa en información suministrada por los bancos y hay quienes dicen que no reflejan la magnitud real del fenómeno.
«¿Cómo puede haber tan poca gente (desalojada) si tantas personas vienen en busca de ayuda todas las semanas?», preguntó Rafael Mayoral, abogado de la oficina madrileña de Plataforma de Afectados por Hipotecas. Agregó que algunos desalojos están siendo suspendidos por el nuevo decreto, pero que muchas familias no serán amparadas por esa medida porque ganan más de 14.400 euros.
En toda España ha habido protestas este año. Los activistas publicitan a través de la web los desalojos que se avecinan y alientan a la gente para que vaya a esas propiedades e impida que las personas enviadas a realizar el desalojo puedan cumplir con su tarea. Se congregan decenas si no cientos de personas y algunas de estas manifestaciones derivaron en enfrentamientos con la policía y en escenas desgarradoras de gente que abandona su vivienda.
El gobierno español planea presentar nuevos proyectos de ley para las hipotecas en los próximos meses. La semana pasada ordenó a la agencia oficial de estadísticas que lleve la cuenta de las ejecuciones de las residencias principales de la gente.
Los activistas piden un sistema parecido al de Estados Unidos, donde quienes entran en mora simplemente entregan sus propiedades al banco y se declaran en quiebra. Destrozan su historial de crédito, pero se liberan de la deuda de la hipoteca.
La Asociación de Banqueros Españoles, no obstante, afirma que las tasas de interés para empresas e individuos subirán si se adopta el proyecto de los activistas.
«El sistema hipotecario español no fue lo que causó el problema», dijo la asociación en un comunicado, en el que destaca que la mayoría de los españoles siguen pagando sus hipotecas. «La crisis económica y el creciente desempleo son las razones por las que muchas familias no pueden pagar sus hipotecas».
El exmarido de González pagaba la hipoteca de la casa donde viven ella y sus hijos. Pero suspendió los pagos hace varios años cuando su pequeña empresa de construcción dejó de recibir contratos como antes. La esposa no tiene dinero para hacer los pagos y no habla mucho con él desde que se divorciaron. Pero la hija lo ve cada fin de semana por medio y dice que el padre habla de irse de España porque le cuesta mucho conseguir trabajo. Regresaría a su tierra natal, Perú.
En un pasillo afuera del departamento de González hay una cantidad de cajas de cartón a ser usadas para empacar cosas si las aparecen las autoridades y la obligan a irse. Los dos hijos saben que podrían ser desalojados en cualquier momento y la incertidumbre ha hecho que la niña coma compulsivamente, mientras que el varón pregunta dónde pondrá los autitos de juguete y los libros que tiene prolijamente ordenados en su habitación.
González está en una lista de espera de los departamentos alquilados a bajo precio de la organización caritativa católica Caritas. Si la desalojan antes de conseguir uno de esos departamentos, se iría a la casa de una amiga que vive cerca de la escuela de sus hijos. Otra posibilidad sería conseguir un alquiler barato en alguna de las 700.000 propiedades recuperadas por los bancos que se encuentran desocupadas en España.
«Me siento totalmente indefensa», comentó. «Antes de la crisis podías pedirle ayuda a amigos o la familia, y después devolver lo que te prestaron, pero ahora no se puede».
Félix Valls
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