Como bien lo han señalado numerosos analistas, expertos y economistas, nuestra Constitución contempla de forma obligatoria que se otorguen porcentajes específicos a diferentes instituciones del sector público. Las alcaldías reciben el 10%, la Universidad de San Carlos el 5% y así sucesivamente el deporte, la Contraloría General, el Tribunal Supremo Electoral, el Organismo Judicial, todo lo cual implica que alrededor del 25% de los ingresos ordinarios del Estado están constitucionalmente pignorados.

Esos aportes, a medida que se mejora la recaudación y el ingreso, automáticamente se actualizan y se incrementan. Qué bueno sería que los salarios y las prestaciones de los trabajadores del país también se actualizaran de esa misma forma, claro está que hay grupos como los trabajadores del Organismo Legislativo y del Organismo Judicial, los maestros de educación pública y los empleados del Ministerio de Salud, cuyos pactos colectivos vigentes prevén sustanciales aumentos en salarios y prestaciones, por consiguiente son grupos privilegiados.

El aporte constitucional fue creado para garantizar que quienes están previstos tuvieran una certeza jurídica constitucional; sin embargo, nadie está satisfecho y entre llorada y llorada, por ejemplo, el recién electo presidente del Organismo Judicial, Gabriel Medrano desearía que se le presupuestaran además del aporte constitucional Q600 milloncitos, esa misma circunstancia se da en prácticamente todos los sectores mencionados, incluso en esa desprestigiada propuesta de Reforma Constitucional, que solo defiende Otto Pérez Molina y sus seis miembros de la comisión ad hoc, existen incrementos en los aportes, olvidándose que si se le da más a alguien, como el dinero no es de chicle, no se puede jalar y estirar, por consiguiente incrementarle a alguno es quitarle a algún otro.

El país como un todo debe hacer una seria evaluación de cómo repartir el ingreso que produce la carga tributaria. Ya que se creó a costillas de los impuestos ese simpático consejo que propusieran los empresarios organizados, donde están presentes los cooperativistas, los sindicalistas y coordina Gustavo Porras, su primera labor para el año 2013 debería ser el plantearnos cuál sería la carga tributaria, si la misma tiene que ser producto del pago de impuestos de los millonarios en gravámenes directos o si por el contrario debe de ser la clase media, los trabajadores los que tengan que sudar la gota amarga, incluso si el 54% de la población en pobreza o extrema pobreza deben contribuir con impuestos indirectos, como de hecho lo hacen, para que abunde el pisto y lo repartan como aspiran que lo hagan el Organismo Judicial, las alcaldías, la Universidad de San Carlos, el deporte y todos quienes perciben un ingreso porcentual gracias a los aportes constitucionalmente establecidos.

Una segunda alternativa es, en un sistema similar al que se usa para hacer las propuestas por los rectores y los decanos cuando se quiere escoger a quienes el Congreso o el presidente debe nombrar como magistrados, como fiscal, como contralor, etc., que hagan un estudio, que hagan una propuesta porque una cosa es decir quiero más y otra es soplar y hacer botellas.

Un ejemplo de lo que es una corriente moderna de manejo de las finanzas públicas es el mismo Estados Unidos y Europa, a quienes se les fue la mano y ahora están obligados a controlar el déficit y a decidir si se cambia la estructura de puestos para que así, de forma ecuánime, de forma justa paguen los que en su opinión tienen que pagar para que exista el Estado y este otorgue seguridad, educación, salud e infraestructura.
¡Guatemala es primero!