El informe presentado ayer por el Grupo de Apoyo Mutuo sobre Derechos Humanos y conflictividad en Centroamérica señala que los pueblos indígenas mayas y xincas son quienes están padeciendo los peores impactos resultantes de las actividades altamente contaminantes como la minería a cielo abierto, hidroeléctricas, petróleo y monocultivos.

A criterio de la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib Kej, los pueblos indígenas, están sufriendo los peores efectos del sistema capitalista, aprovechando la globalización y la implementación de políticas neoliberales de parte del estado, lo cual se manifiesta a través del saqueo y la devastación de los bienes naturales, favoreciendo intereses mercantilistas de empresas transnacionales.

Pese a la obligación imperante, de consulta a los pueblos indígenas, cada vez que se prevén medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles, esto no se cumple. Debido a que el Estado viola ese derecho declarando a través de la Corte de Constitucionalidad no vinculantes las decisiones de las comunidades, y con ello continua el proceso de concesión de los territorios indígenas señala dicho informe.

Los problemas que mayormente enfrentan los pueblos indígenas son en primer lugar la pérdida de sus tierras ancestrales a manos de diversos intereses, especialmente los extractivos internacionales, otro factor común es el de las diversas afectaciones que experimentan tanto en el derecho a la consulta y el derecho colectivo.

Otra de las expresión de violación a los derechos de los pueblos indígenas es el “sistema de justicia racista” y excluyente que criminaliza y persigue penalmente a sus líderes que luchan por la defensa de la vida y el territorio refiere el documento.

Además el informe indica que la explotación minera en Guatemala es un claro proceso de neocolonización que implica para los pueblos indígenas, la continuidad de la invasión, el deterioro y pérdida de sus lugares tradicionales, el empobrecimiento de y la destrucción de los encantos naturales y por lo tanto el deterioro y la pérdida de sus milenarias culturas.

En Guatemala según este estudio existen dos casos que evidencian el grado de violación a los derechos colectivos de pueblos indígenas como lo son la construcción de la hidroeléctrica “hidrosantacruz”, en Santa Cruz Barrillas, Huehuetenango, que provocó recientemente la muerte de un líder comunitario, y desató la represión y la implementación del Estado de sitio.

Otro de los casos se encuentra el municipio de San Juan Sacatepéquez, en donde las 12 comunidades siguen defendiendo el territorio anta la instalación de una cementera. Ante esta situación, el gobierno ha decretado la instalación de una brigada militar que según este informe evidencia la necesidad del gobierno para avanzar en la militarización del país, en función de la defensa del capital de las empresas mineras, hidroeléctricas y monocultivos a gran escala.

Además el informe refiere que en Guatemala se mantiene la discriminación indígena. Los pueblos indígenas son invisibilizados reduciendo sus espacios vitales.