Una de las razones por las que existe un limitado acceso de las mujeres víctimas de violencia sexual a la justicia guatemalteca es la falta de cultura de denuncia, debido a patrones culturales, pues se prefiere guardar en el anonimato un delito para que no sea público que alguien fue violada, declaró el juez de paz de Chichicastenango, Justo Pérez Láynez.

A decir del operador de justicia, un alto porcentaje de los embarazos en este municipio es en adolescentes, a consecuencia de violaciones sexuales, pero en la mayoría de los casos los padres de las víctimas prefieren ir con los líderes comunitarios o ante el sistema de justicia indígena, para tratar de solucionarlo y no ante las instancias de justicia correspondientes, como resultado de un patrón cultural indebido.

El funcionario aseguró que conoce de una práctica muy común de los agresores en las comunidades, consistente en la falsa promesa de reparar el daño de manera pecuniaria; ello hace que los progenitores convenzan a sus hijas a no denunciar, porque el hombre se hace cargo de los gastos en que pueda incurrir un embarazo, o hasta obligarlos a casarse.

En otros casos los agresores intimidan de tal manera a sus víctimas para que guarden silencio o de lo contrario las amenazan hasta de muerte, lo que significa que además de la violencia sexual también existe la sicológica; artimañas que se han vuelto comunes y constantes en las comunidades, indicó.

Según la legislación actual, la relación sexual con una adolescente aún sea con su consentimiento, es delito, porque ella todavía no es capaz de asumir con madurez las consecuencias de un embarazo y en la mayoría de los casos quedan como madres solteras, porque el hombre no responde con sus obligaciones.